Culminó el 2021 y no hubo la tan proclamada nueva Ley Agraria. En este mes de enero la vigente Ley Agraria cumple 30 años de haber sido promulgada. Es necesario y por lo mismo, urge una nueva Ley acorde a la situación agraria actual en México. Algunos opinan que se necesita una reforma y no una nueva Ley, pues esto último implicaría un nuevo modelo agrario en el país, con nuevas instituciones, lo que considero que tampoco estaría errado. Sin embargo, considero de manera personal que sería volver a iniciar con mucho más errores de los que ya existen. Por lo mismo, una reforma, debe realizarse para resolver todas aquellas lagunas legales que existen y que han causado desaciertos Institucionales en procedimientos y juicios.

No debemos olvidar que la primera Ley Agraria, fue expedida el 6 de enero de 1915. Fue el primer intento jurídico postrevolucionario por dignificar y hacer justicia social al campesino. En ella se resalta lo siguiente:

1. Se permitió la propiedad social de la tierra en el país.
2. Se mejoraron las condiciones del agro mexicano.
3. Los ejidatarios obtuvieron el poder de más de la mitad del territorio nacional.
4. Se formaron más de 30 mil unidades productivas ejidales.

Desafortunadamente, la historia se pierde y se olvida. Los ideales revolucionarios, con el paso del tiempo han ido quedando atrás y ahora se han convertido en un querer hacer nuevamente del territorio mexicano una pequeña propiedad convirtiéndose así en un enorme bien inmueble que deje dinero fácil a quienes no les ha costado obtener esa superficie. Se vende además y se entrega a quien paga por metro cuadrado hasta $8.00 pesos, so pretexto de que al no contar con “servicios públicos”, “no vale nada”.

Lo vemos incluso en las “expropiaciones” que se han realizado últimamente, en donde se señala que se entregará la indemnización correspondiente a quien “acredite la titularidad de la superficie”. Cuando la titularidad sabemos que le corresponde al ejido o a la Comunidad Indígena, de la cual se ha expropiado la superficie del polígono dotado o reconocido.

En las sucesiones, al querer darles el reconocimiento a los diez hijos de un ejidatario, se pierde el sentido del “Derecho Agrario”, con la famosa “titularidad de la tierra”. Titularidad que le corresponde legalmente al Ejido o a la Comunidad Indígena, y el Derecho Agrario, es uno solo y no se puede dividir, pues el ejidatario es uno y no varios. Se deja de lado entonces, la legalidad que se dio a la entrega de esos derechos para pretender dar una sucesión inexistente a la totalidad de los hijos del ejidatario. Olvidando que se trata de una sucesión agraria y no civil, pues no se hereda la tierra, sino el derecho que se tiene sobre la que le fue entregada para trabajar. Pero desafortunadamente, al no querer o saber trabajar esa tierra, lo que se pretende es obtener dinero por la misma, cuando esta no está a la venta, pues lo que se vende, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley Agraria es el Derecho a trabajar esa parcela y no a cambiar su naturaleza, para construir fraccionamientos o corredores industriales.

Urge una reforma, sí, pero una que siga protegiendo lo que tanto trabajo costó a los revolucionarios para recuperar lo que en un momento dado se dio en latifundio a unos cuantos terratenientes y que en la actualidad, estamos regresando a ello, so pretexto de un gran desarrollo inmobiliario o Tecnológico. Se les ofrece trabajo a los campesinos y a cambio se obtienen jornadas inhumanas a cambio de salarios ínfimos, que no dejan de recordarme el por qué se dio la Revolución Mexicana. No cabe duda que esto va a seguir y será un desacierto si no se procura cuidar la esencia de la Revolución Mexicana “La Tierra es para quien la trabaja”. Ojalá se tome en consideración que la propiedad social es para proteger a los que menos tienen y no a los empresarios que pretenden dar “progreso y desarrollo” a los ejidos y comunidades.

Invito a los legisladores, a los que imparten la Justicia Agraria (Tribunales Agrarios), a quienes procuran la defensa y representación de ejidatarios y comuneros (Procuraduría Agraria y Registro Agrario Nacional), a que nos unamos y contribuyamos a proporcionar ideas que no vayan en pos de sólo tener “Títulos de Propiedad”, sino derechos agrarios que realmente tengan ese respaldo para poder trabajar y rendir frutos a quienes desean hacerlo. No poner más trabas y hacer que por desesperación y falta de ingresos se entregue como una pequeña propiedad y de la manera fácil, esa gran superficie que todavía le corresponde a los Ejidos y a las Comunidades Indígenas.