LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ABOGADOS:

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA ABOGADOS: ¿OPERADOR JURÍDICO O HERRAMIENTA DEL OPERADOR JURÍDICO?

María del Carmen Becerra Cortés

Maestrante en Derecho por la UNAM. Especialista en Derechos Humanos por la UNAM y EJE. Licenciada en Derecho por la UNAM

“Una computadora merecería ser llamada inteligente si pudiera engañar a un humano para que creyera que es humano.”

Alan Mathison Turing, matemático, lógico, informático teórico, criptógrafo, filósofo y biólogo teórico británico

La inteligencia artificial (IA) es una de las transformaciones tecnológicas más relevantes de las últimas décadas y su desarrollo ha generado importantes avances en distintos ámbitos de la vida humana, pero también ha planteado interrogantes de carácter ético, social y jurídico. En el ámbito jurídico, la incorporación de herramientas de inteligencia artificial cobra relevancia debido a que abogados, jueces, investigadores y servidores públicos trabajan cotidianamente con grandes volúmenes de información: legislación, jurisprudencia, derecho comparado, doctrina, expedientes y documentos administrativos.

En ese contexto, la inteligencia artificial puede constituir una herramienta útil para agilizar, sistematizar y organizar la labor de los profesionales en derecho para que estos concentren la mayor parte de su tiempo en actividades que requieren análisis, interpretación, argumentación y razonamiento jurídico.  Sin embargo, el uso de la inteligencia artificial no es únicamente un proceso de modernización tecnológica, pues como se indicó, la utilización genera interrogantes relacionadas con la responsabilidad profesional, la protección de datos personales, la confidencialidad, la transparencia, los sesgos, así como la seguridad y certeza jurídica; por ello, el reto consiste en encontrar un equilibrio entre el aprovechamiento de sus ventajas y la preservación de los principios y reglas de la actividad jurídica.

En ese sentido, los sistemas de IA pueden localizar conceptos, identificar relaciones entre documentos y organizar información relevante. Esta capacidad es útil para la resolución de casos complejos que involucran múltiples disposiciones legislativas, numerosos precedentes o grandes cantidades de documentación, ya que la IA es una herramienta eficiente para la revisión y análisis de documentos al comparar versiones y señalar posibles inconsistencias. Sin embargo, que pueda identificar información jurídicamente relevante no significa que pueda sustituir el análisis de un profesional en derecho.

Es decir, puede señalar una disposición normativa, pero corresponde al abogado con sus lentes de jurista analizar el contenido para empezar a ver si se encuentra vigente, si es aplicable al caso concreto y cómo debe interpretarse en relación con otras normas. De igual manera, la IA puede identificar una resolución, pero corresponde al profesional verificar su autenticidad, contenido, vigencia y pertinencia. Por ello, la IA debe entenderse como una herramienta que auxilia el trabajo jurídico, pero que no elimina la necesidad de intervención humana.

Por lo tanto, una de las principales dificultades surge cuando la inteligencia artificial deja de utilizarse como herramienta de apoyo y comienza a considerarse como sustituto del profesional del derecho. En la vida cotidiana, me encuentro con personas de todas las edades que -sin conocimientos jurídicos- usan la IA para producir borradores de contratos, escritos, informes, solicitudes y opiniones jurídicas, con la finalidad de evitar el costo de contratar a un profesional.

No obstante, el problema radica en que todo documento requiere precisión conceptual, conocimiento de la normativa aplicable y comprensión del contexto específico del caso, ya que la IA puede utilizar legislación de otro Estado, disposiciones no vigentes, criterios jurisprudenciales ya superados o incluso referencias inexistentes -esto ocurre cuando «alucina»-, por lo que cualquier documento generado mediante IA requiere revisión por una persona con conocimientos jurídicos suficientes sobre el caso y la materia.

En ese sentido, la disyuntiva de su uso no consiste en si la IA puede redactar un documento, sino en quién verifica, valida y asume la responsabilidad de aquello que ha sido generado. Pues la utilización de inteligencia artificial también genera importantes obligaciones éticas, porque los abogados trabajan frecuentemente con información confidencial y datos personales de sus clientes e introducir esa información en una plataforma sin conocer sus políticas de tratamiento, almacenamiento y seguridad puede generar riesgos de divulgación indebida.

Por ello, el uso profesional de IA debe estar acompañado de criterios de protección de datos y confidencialidad, ya que el profesional en derecho no puede dar por hecho que su uso elimina sus obligaciones. Por el contrario, debe preguntarse qué información podría introducirse, bajo qué condiciones, con qué finalidad y qué riesgos existen respecto de su conservación o tratamiento.

Asimismo, imaginemos que un abogado proporciona a una inteligencia artificial los hechos de un caso y solicita que determine las posibles vías jurídicas de actuación, queda claro que el sistema -dependiendo de si tiene la versión gratuita o premium– podría proponer distintas alternativas como promover determinada acción, formular una defensa, invocar ciertos precedentes o adoptar una estrategia procesal.

Lo que nos lleva a preguntarnos ¿quién está tomando la decisión? La respuesta permite establecer una diferencia esencial entre herramienta y operador jurídico, pues si bien la inteligencia artificial produjo una respuesta, también lo cierto es que decisión jurídicamente relevante recae en el factor humano, quien decide si acepta, modifica o rechaza las recomendaciones realizadas, lo lamentable es que las personas -sin formación jurídica- consideran que la respuesta de la IA es por sí misma asesoría jurídica suficiente.

Por otro lado, la cuestión se vuelve todavía más compleja al considerar la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda interpretar normas, ya que, si bien la IA puede comparar disposiciones, identificar patrones jurisprudenciales y generar diferentes interpretaciones posibles de una norma, esto no significa necesariamente que interprete el derecho en el mismo sentido en que lo hace un profesional.

Para empezar, el conocimiento jurídico requiere interpretación y contextualización, pues una norma no puede analizarse de manera aislada, su aplicación depende de otras disposiciones, principios, criterios jurisprudenciales y de las circunstancias específicas del caso. A partir del pensamiento del jurista Duncan Kennedy particularmente en su obra Freedom and Constraint in Adjudication, se analiza la tensión existente entre las restricciones que el derecho impone al juzgador y el margen de libertad que existe dentro de la actividad interpretativa, Desde esta perspectiva, el juez no puede ser entendido simplemente como un sujeto que recibe una regla perfectamente determinada y la aplica mecánicamente a los hechos.

Por lo tanto, si la interpretación jurídica fuera una actividad puramente mecánica, podría sostenerse que, una vez proporcionados a una máquina los hechos, las normas y los precedentes, esta podría producir automáticamente la respuesta jurídicamente correcta. Sin embargo, determinar si una máquina puede encontrar la norma aplicable no es el punto central, sino determinar qué sucede cuando los propios materiales jurídicos permiten diferentes construcciones interpretativas.

La IA puede presentar diferentes alternativas y desarrollar los argumentos asociados a cada una, incluso puede identificar qué interpretación aparece con mayor frecuencia en determinados precedentes de acuerdo con sus fuentes de consulta. No obstante, la decisión corresponde al operador y, en el caso de un procedimiento jurisdiccional, esta recae en el juez. Si la interpretación judicial fuera una actividad puramente mecánica, la inteligencia artificial podría eventualmente sustituir al juez; pero si la interpretación implica elección, argumentación y responsabilidad institucional, como plantea Duncan Kennedy, la IA puede asistir el razonamiento jurídico sin convertirse por ello en su titular.

La incorporación de la IA también transforma la formación de los profesionales del derecho  del futuro, quienes necesitarán desarrollar no solamente conocimientos jurídicos, sino también competencias tecnológicas, por lo que  deberán comprender el funcionamiento general de estas herramientas, sus limitaciones, los riesgos asociados al tratamiento de datos y los mecanismos necesarios para verificar sus resultados, pues el abogado deberá aprender no sólo a utilizar la inteligencia artificial, sino también a cuestionarla.

En consecuencia, la regulación de la inteligencia artificial constituye uno de los grandes retos contemporáneos del derecho, ya que una regulación rígida podría dificultar su implementación al crear un temor irracional y detener procesos de innovación, mientras que la ausencia de reglas suficientes podría permitir prácticas que afecten los derechos humanos. Por ello, el desafío consiste en construir un marco jurídico que permita aprovechar las ventajas de la tecnología y, al mismo tiempo, establezca salvaguardas frente a sus riesgos.

En última instancia, la tecnología puede transformar la forma en que se ejerce el derecho, pero no debería desplazar los principios que justifican su existencia: dignidad humana, igualdad, justicia, seguridad jurídica y protección de los derechos humanos. En el contexto actual, la respuesta parece clara: la inteligencia artificial debe funcionar como herramienta del operador jurídico, no como sustituto. El verdadero reto consiste en construir una relación de colaboración en la que la tecnología contribuya a mejorar las capacidades humanas, sin desplazar los principios que fundamentan la actividad jurídica. El abogado del futuro no será aquel que compita con la inteligencia artificial en velocidad para procesar información, sino el que sea capaz de utilizarla de forma crítica, identificar sus límites, verificar sus resultados y conservar aquello que constituye el núcleo de la actividad jurídica: la interpretación, la argumentación, el juicio, la ética y la responsabilidad frente a los derechos de las personas.

La tecnología puede procesar información, generar alternativas y detectar patrones; no obstante, el operador jurídico debe interpretar, contextualizar, decidir, justificar y, asumir responsabilidad. En última instancia, la discusión sobre inteligencia artificial y derecho no es únicamente una discusión sobre máquinas o realidades de mundos distópicos; es una discusión sobre la resolución de casos, quién está legitimado para adoptarla y qué condiciones deben cumplirse para que una decisión pueda considerarse jurídicamente válida y responsable. Ahí se encuentra el límite actual entre la inteligencia artificial y el operador jurídico: la máquina puede ayudar a construir la respuesta; el derecho todavía exige que alguien responda por ella.