Ser mujer, ser abogada y ocupar un cargo de liderazgo: una mirada con perspectiva de género y enfoque en derechos humanos
Jaqueline Sarahi Mata Mendoza
Doctora en Cultura de Derechos Humanos. Maestra en Derecho Especialista en Derecho Internacional Público. Licenciada en Derecho
A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que abrirnos camino en espacios que durante mucho tiempo fueron diseñados, dirigidos y ocupados principalmente por hombres, como el mundo de la abogacía. Ser abogada implica, además, desenvolverse en un entorno en el que la voz, la autoridad, la edad y el conocimiento se ponen constantemente a prueba. Tener un cargo que exija liderazgo agrega una dimensión más: la responsabilidad de tomar decisiones, dirigir equipos y ejercer autoridad sin dejar de cargar con muchas de las expectativas que la sociedad todavía deposita sobre las mujeres.
Ser mujer, ser joven, ser abogada y ocupar una posición de liderazgo no es solamente una circunstancia profesional; también es una experiencia que permite mirar el Derecho desde un lugar distinto: desde la conciencia de que las normas, por sí solas, no siempre son suficientes para transformar las desigualdades que existen en las sociedades reales.
El derecho habla de igualdad; los derechos humanos reconocen la dignidad de las personas; las constituciones y los instrumentos internacionales establecen la prohibición de discriminar y reconocen derechos fundamentales de todas las personas. Sin embargo, entre el reconocimiento jurídico de un derecho y su ejercicio efectivo existe, muchas veces, una distancia que todavía tenemos que recorrer, y esa distancia se vuelve particularmente evidente cuando hablamos de las mujeres, aun con todos los avances que se han conseguido gracias a los movimientos feministas en el mundo.
Durante décadas, las mujeres hemos tenido que conquistar espacios que hoy parecen naturales: estudiar, ejercer una profesión, participar en la vida pública, ocupar cargos de decisión y construir una carrera sin que el ser mujer sea utilizado para cuestionar nuestra capacidad.
La igualdad ante la ley fue un punto de partida, pero hoy sabemos que no basta con tratar a todas las personas exactamente de la misma manera. La realidad social demuestra que existen desigualdades históricas, estructurales y culturales que requieren respuestas jurídicas capaces de producir una igualdad sustantiva, no solamente formal. Por ello, es tan importante la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
Como abogada, he aprendido que aplicar el Derecho no consiste únicamente en conocer normas, artículos y precedentes; también implica comprender el contexto en el que esas normas serán aplicadas y preguntarnos si una determinada interpretación contribuye realmente a proteger la dignidad y los derechos de todas las personas, sin importar su género.
La perspectiva de género nos obliga a hacernos preguntas que durante mucho tiempo estuvieron ausentes de las discusiones jurídicas: ¿quiénes han sido históricamente excluidos?, ¿qué obstáculos enfrentan las mujeres para acceder a la justicia?, ¿una determinada decisión reproduce estereotipos?, ¿estamos frente a una igualdad real o solamente frente a una igualdad escrita? Estas preguntas son especialmente relevantes para quienes ejercemos funciones de liderazgo.
Tener un cargo que implique liderar dentro del ámbito jurídico significa tener autoridad. Pero también asumir una responsabilidad. Ya que quien dirige un equipo tiene la posibilidad de reproducir viejas estructuras o de construir nuevas formas de ejercer el poder. Aquí los derechos humanos dejan de ser únicamente una materia de estudio para convertirse en una forma de ejercer el liderazgo. Liderar desde los derechos humanos significa entender que las personas que integran un equipo no son solamente recursos, expedientes, números o resultados. Son personas con dignidad, derechos, responsabilidades y circunstancias particulares.
Lo anterior significa rechazar cualquier forma de discriminación, significa construir espacios laborales libres de violencia y acoso, significa reconocer el mérito sin reproducir estereotipos, significa abrir oportunidades y también significa entender que ejercer autoridad no otorga permiso para vulnerar los derechos de quienes están bajo nuestra responsabilidad.
Para una mujer que llega a una posición de liderazgo, además, existe una dimensión simbólica que no podemos ignorar: ocupar una oficina, presidir una reunión, encabezar un equipo o tomar una decisión jurídica puede parecer un acto cotidiano. Sin embargo, cada vez que una mujer ocupa un espacio de poder históricamente reservado a los hombres, también se modifica, aunque sea de manera pequeña, la idea colectiva de quién puede ejercer autoridad. La presencia de mujeres en posiciones de decisión importa en los tribunales, en las instituciones públicas, en los despachos, en las universidades, en las empresas e importa porque el Derecho no se construye solamente a través de los textos legales,; también se construye mediante las personas que lo interpretan, lo aplican y toman decisiones. Por eso tengo la seguridad de que la incorporación de más mujeres al mundo jurídico no debe entenderse únicamente como una cuestión de representación; también es una cuestión de justicia. Una sociedad que aspira a garantizar los derechos humanos debe preguntarse quiénes participan en la construcción de las decisiones que afectan esos derechos.
Sin embargo, debemos tener cuidado de no convertir a las mujeres que alcanzamos posiciones de liderazgo en responsables individuales de resolver desigualdades que son estructurales. No corresponde a una sola mujer abrir todas las puertas; la igualdad requiere instituciones, políticas, normas, mecanismos de prevención, procedimientos eficaces y, sobre todo, una transformación cultural.
El reto no consiste únicamente en conseguir que más mujeres lleguen a puestos de poder. El verdadero reto es transformar las condiciones bajo las cuales ejercemos ese poder, que una mujer no tenga que elegir entre ser respetada y ser empática. Que no tenga que demostrar permanentemente que es competente, que sus errores no sean juzgados con un estándar diferente. Que ejercer autoridad no implique renunciar a su identidad. Que la maternidad, la vida familiar o las responsabilidades personales no sean utilizadas como argumentos para limitar sus oportunidades profesionales, que ninguna mujer tenga que pedir permiso para ocupar el lugar que por derecho le corresponde.
Como abogada, creo profundamente en el poder transformador del derecho, pero también sé que las leyes no cambian por sí solas la cultura. Necesitan personas dispuestas a hacerlas realidad.
Por eso, ser mujer, ser abogada y ocupar un puesto de liderazgo representa para mí una responsabilidad que va más allá de una posición profesional; es una oportunidad para ejercer el derecho con perspectiva de género, para defender la dignidad humana y para demostrar que la autoridad puede ejercerse de una manera distinta, una manera en la que la firmeza no esté peleada con la empatía, en la que la igualdad no sea solamente una palabra en una Constitución, y en la que los derechos humanos no sean únicamente argumentos en una sentencia, sino principios que orienten nuestras decisiones cotidianas.
Quizá uno de los mayores privilegios de liderar es llegar a un lugar que alguna vez parecía lejano por nuestro contexto histórico, para poder decirle a otra mujer con hechos y no solamente con palabras:
“Se puede, y estos espacios también son para nosotras”














