Celia Maya García
Consejera del Consejo de la Judicatura Federal
Introducción
En la fundación de la República mexicana, los principios torales del gobierno fueron la soberanía popular, la división del poder público en tres funciones independientes: legislativo, ejecutivo y judicial. Pese a las oscilaciones entre el formato federal o el central, esta basa no sufrirá modificación alguna, de manera que es la estructura teórica que se mantiene vigente en la historia política del país hasta nuestros días.
La Constitución fue el documento escogido para ser el marco regulador de las tareas asignadas a los tres poderes republicanos, así como sus relaciones interorgánicas. Los rubros principales que abarca la regulación constitucional del poder judicial son: estructura, integración, requisitos subjetivos, método de acceso a los cargos, organización, competencia y sanciones.
La regulación de la administración de justicia tiene una vinculación con los cambios políticos, con la ideología, y que han existido diferentes concepciones del sistema judicial y de las relaciones entre los tres poderes.
El Tribunal de Disciplina Judicial
Conforme a la normatividad que se ha reemplazado, el Consejo de la Judicatura tenía las funciones de administrar recursos, designar juzgadores y sancionar a jueces. Sin embargo, el diseño del órgano estaba limitado por una complejidad de mecanismos que impedían dar resultados. El principal problema era el control absoluto ejercido por la presidencia de la Corte, la verdadera voluntad decisoria del cuerpo colegiado. La competencia del Consejo era híbrida, dispersa y estaba supeditada al ejercicio del poder de su presidencia, de quien dependía todo el funcionariado encargado de realizar las tareas de la disciplina judicial. No hay que olvidar que el Consejo en su momento era una reforma estructural, pero nació manipulada para no afectar los espacios del control político de la Corte.
La Reforma Judicial, cancela el Consejo de la Judicatura Federal, y asigna sus competencias a dos nuevos órganos: los ya mencionados. Hoy me ocuparé solamente del Tribunal de Disciplina Judicial.
Funciones
El Tribunal de Disciplina Judicial fue creado para atender dos propósitos: por un lado, combatir la corrupción y la impunidad en el poder judicial, y por otro, la supervisión del desempeño del personal judicial.
El artículo 134 de la Ley orgánica del poder judicial de la Federación desglosa el objeto del órgano como sigue:
- la investigación, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas de las y los servidores públicos que desempeñan funciones jurisdiccionales en el Poder Judicial de la Federación,
- así como la resolución de los recursos de revisión en los procedimientos administrativos del personal administrativo tratándose de faltas graves.
- encargado de la evaluación y seguimiento del desempeño de las Magistradas y Magistrados de Circuito y las Juezas y Jueces de Distrito y,
- el encargado de resolver los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores públicos, así como los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus empleados y empleadas.
Los retos del Tribunal de Disciplina Judicial
El sistema judicial mexicano enfrenta diversos retos, los que atañen desde luego al Tribunal de Disciplina Judicial, pero cabe que los operadores del mismo formulen las propuestas conducentes para mejorarlo.
Estas propuestas buscan construir una judicatura más accesible, eficiente y justa en sus decisiones.
Acceso a la justicia: El acceso a los tribunales para demandar justicia es un derecho de difícil ejercicio debido a las complejidades del sistema judicial, los altos costos para el patrocinio o litigación, y la marginación jurídica de un amplio sector de la población.
Un reto es facilitar el acceso a la justicia, acercar los tribunales a la sociedad, quitar trabas y abrir espacios para la asesoría y gestoría de las demandas de justicia de grupos y personas vulnerables.
Combate a la corrupción: El móvil de la Reforma Judicial ha sido el combate a las prácticas corruptas del sistema judicial.
La actuación del Tribunal de Disciplina Judicial al procesar a los malos funcionarios judiciales será la mejor prueba de la pertinencia y eficacia de la creación del órgano de supervisión, y le dotará de una legitimidad institucional.
Justicia cercana: El Tribunal requiere de territorializar su quehacer, estar en contacto permanente y en diálogo constructivo con el personal judicial para la identificación de problemas y en la búsqueda compartida de soluciones. Hay que aperturar mecanismos que garanticen una atención directa, suficiente y respetuosa a los justiciables que acuden a las sedes judiciales en búsqueda de respuesta a sus demandas y para solicitar información de sus asuntos.
Tecnología y transparencia: El poder judicial, como todo el entramado orgánico del Estado moderno, depende, para ser eficaz y eficiente, de apoyarse de todas las herramientas y plataformas del mundo digital. Hay que crear espacios virtuales de acceso a la información que garanticen la transparencia y permitan a la ciudadanía conocer el grado de eficiencia del sistema judicial.
La obsolescencia y el formalismo en la gestión judicial. Es imperativo reducir el excesivo formalismo y la complejidad en las resoluciones judiciales es clave para hacer el sistema más accesible y eficiente. Se deberá promover una cultura de uso de nuevo lenguaje, más sencillo, sin textos redundantes e innecesarios, con mayor apego a la realidad que a las formalidades.
El reto de la transparencia. La gente dejó de creer y de confiar en el sistema judicial, y eso lo sabe por su quehacer, por su ejercicio profesional, el abogado. La secrecía, el hermetismo, la cerrazón y el aislamiento que fueron las notas de la práctica de la administración de justicia desembocaron en un distanciamiento de la judicatura de la sociedad.
El remedio no puede ser otro que la transparencia del desempeño judicial, labor que atañe específicamente al Tribunal de Disciplina Judicial.
Propuestas para resolver problemas operativos.
Sin necesidad de nuevos supuestos normativos, en el plano de la operacionalización del quehacer del Tribunal de Disciplina Judicial, para mejorar el sistema judicial mexicano, se pueden implementar las siguientes medidas:
- Capacitación continua: Hay que impulsar una nueva cultura judicial en el personal de la judicatura. Para ello se debe llevar a cabo en forma sistemática una capacitación en Comunicación social, en transparencia, en derechos humanos, en equidad de género, en justicia social y temas concernientes al desempeño judicial.
- Participación ciudadana: El poder judicial ha estado distanciado de la sociedad. Es imperativo dar acceso a los ciudadanos a la información del desempeño judicial, a los procesos sancionadores, y, en suma, a los datos sobre el quehacer de la judicatura. Más allá de este acceso, que se puede considerar pasivo, es conveniente que se establezcan mecanismos más directos de injerencia de individuos, académicos, especialistas, asociaciones y colectivos, para que participen en la evaluación del desempeño judicial. Se debe contemplar la posibilidad de auditorías independientes para la investigación de casos importantes.
- Uso de herramientas digitales: Abrir micrositios en las páginas de la red virtual para que la ciudadanía y sus organizaciones sociales o colectivos puedan acceder a la información del desempeño judicial, así como crear plataformas electrónicas que permitan, de manera sencilla, la consulta del estado de sus casos. De esta manera se garantizará el acceso a la información y se atenderá el reto de la transparencia de la gestión judicial.
Las expectativas
Los mexicanos han demandado de manera permanente una mejor justicia, una justicia a la que pueda acceder. La reforma del poder judicial no es solamente un cambio estructural, sino de perspectiva, de propósitos, pues no se trata de contar con juzgadores que trabajen como autómatas conforme a los patrones de una administración de justicia basada en formalismos y en concepciones despegadas de la realidad. Los nuevos funcionarios judiciales deben estar conscientes de la necesidad de acercar la justicia al ciudadano, pero sobre todo de que, como poder, están contribuyendo al bien del pueblo, porque esa es la esencia final del servicio público judicial.
La justicia es un tema inacabado, siempre presente en la historia política y social, y encuadrado en un contexto determinado. La reforma del poder judicial en curso es un fenómeno inédito, cuya ponderación ha de requerir de la reflexión y del análisis objetivo para conducir a posicionamientos respecto a su debido cumplimiento. Acerca de ello versarán las producciones académicas de los años inmediatos, porque los resultados deben ser visibles, medibles y sobre todo perceptibles en el espacio de la sociedad, la cual será el mejor evaluador de los avances y de los rezagos que la nueva arquitectura del poder judicial, en particular del Tribunal supervisor del desempeño judicial. Confío en que el nuevo funcionariado que llevará la conducción de la obra transformadora del sistema judicial asumirá a cabalidad sus responsabilidades, lo que dará buenas cuentas. Corresponde a los juristas, sobre todo a los colegiados, a los académicos, aportar sus observaciones y sus críticas. La reforma va. Ya es un mandato constitucional. Lo que está en juego es su adecuada operación. Comienza para la República una nueva época en la administración de justicia.