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Sergio Dionicio Gutiérrez Villeda
Doctor en Administración y Políticas Públicas. Conferencista, asesor financiero. Docente e investigador a nivel superior.
La noticia cayó como bomba, dos instituciones financieras mexicanas: CIBanco e Intercam Banco, fueron señaladas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por presunto lavado de dinero relacionado con el tráfico de fentanilo:
El Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha asestado un golpe inédito al sistema financiero en México. Este martes ha emitido órdenes que identifican a tres instituciones mexicanas, CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como una preocupación principal en materia de lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides. La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos indica que estas instituciones blanquean dinero de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y de la organización de los Beltrán Leyva.[1]
Ante tal situación, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó sobre la intervención general de los dos bancos implicados en tales acusaciones: “En un comunicado expedido este 26 de junio, la institución anunció que dicho proceso de intervención se realizará de forma temporal sobre las dos fuentes bancarias: CIBanco e Intercam, esto con la finalidad de brindar una garantía segura a los derechos de los usuarios.”[2]
Por lo anterior, se justifica la relevancia de un análisis de los fundamentos legales y administrativos de dicha intervención, así como su contexto bilateral, las implicaciones para la gobernanza financiera y la relación entre la administración pública y las presiones geopolíticas. El análisis se apoya en fuentes oficiales, pronunciamientos gubernamentales y el marco normativo financiero vigente en México. Es de notarse que el caso representa un punto relevante en la cooperación transnacional en materia de inteligencia financiera, pero también una tensión entre la soberanía regulatoria nacional y los intereses extraterritoriales del sistema financiero global.
La administración pública contemporánea enfrenta retos crecientes derivados de la globalización financiera, el crimen transnacional y la cooperación internacional en materia de prevención de lavado de dinero y en ese contexto se ha presentado este caso paradigmático: la intervención administrativa temporal de CIBanco e Intercam Banco, ejecutada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) el 26 de junio de 2025, en respuesta a las sanciones emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Tal acontecimiento despierta el interés y el debate en torno a la autonomía del sistema financiero mexicano, la validez de las pruebas aportadas por entidades extranjeras y la forma en que los reguladores nacionales deben responder ante acciones unilaterales. En este contexto, el estudio de este caso contribuye al entendimiento de los límites y alcances de la cooperación internacional, así como de los mecanismos de protección institucional y ciudadana en escenarios de alta presión financiera y política.
Las sanciones fueron impuestas bajo la Fentanyl Sanctions Act y la FEND Off Fentanyl Act, legislaciones federales que otorgan facultades extraordinarias para bloquear instituciones que faciliten operaciones financieras vinculadas con opioides sintéticos. Las entidades mexicanas señaladas fueron acusadas de realizar transferencias a empresas chinas involucradas en la cadena de suministro del fentanilo, así como de establecer cuentas a nombre de terceros para disimular el origen de recursos ilícitos. Estas leyes permiten a FinCEN calificar a ciertas entidades como «de preocupación principal» en materia de lavado de dinero, lo cual desencadena restricciones automáticas en el sistema financiero estadounidense, incluyendo la prohibición de establecer relaciones de corresponsalía bancaria y el bloqueo de sus activos en territorio norteamericano. Esta herramienta ha sido utilizada en contextos relacionados con terrorismo, narcotráfico y delitos transnacionales.
Las investigaciones norteamericanas señalaron que CIBanco habría facilitado la apertura de cuentas destinadas al blanqueo de capitales provenientes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), además de transferir más de 2.1 millones de dólares a empresas chinas vinculadas con la venta de precursores químicos. Intercam Banco, por su parte, fue acusado de sostener reuniones con presuntos miembros del CJNG y de haber transferido al menos 1.5 millones de dólares a los mismos destinatarios.
Los informes de FinCEN calificaron estas operaciones como componentes clave en la cadena de suministro del fentanilo, señalando que la sofisticación de las transacciones impedía su detección mediante mecanismos ordinarios de cumplimiento y, en consecuencia, se activaron los mecanismos de sanciones financieras extraterritoriales.
Frente a la gravedad de las acusaciones, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, una medida contemplada en la Ley de Instituciones de Crédito que busca salvaguardar los derechos de los usuarios y la estabilidad del sistema financiero:
Frente a la conmoción, la CNBV ha decidido tomar cartas en el asunto, por lo que informó que actuará conforme a lo establecido en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. (…) La intervención sustituirá a los órganos administrativos y a representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los clientes de dichas dependencias bancarias, en relación a las presuntas implicaciones que estos bancos puedan tener ante las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos.[3]
Como puede observarse, esta acción incluyó el reemplazo de los directivos, el control de las operaciones sensibles y el aseguramiento de la continuidad del servicio bancario.
La CNBV justificó su decisión en la necesidad de mantener la confianza pública y de evitar una eventual fuga de capitales o una corrida bancaria. A pesar del impacto mediático, los reguladores enfatizaron que ninguna de las instituciones intervenidas representaba un riesgo sistémico debido a su participación limitada en el mercado bancario nacional (menos del 1% en conjunto).
La presidenta Claudia Sheinbaum emitió un posicionamiento firme, en el que subrayó la solidez del sistema financiero mexicano y cuestionó la validez de las imputaciones extranjeras sin pruebas fehacientes:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó duramente a Estados Unidos por la acusación contra tres instituciones financieras mexicanas sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. (…) Sheinbaum aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un «informe confidencial» de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.
Pero la presidenta aseguró que nunca recibió las evidencias, por lo que rechazó el anuncio realizado el miércoles por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que sancionó parcialmente a esas tres instituciones financieras mexicanas por supuestamente facilitar la comprar de precursores de fentanilo en China y lavar dinero del narcotráfico. «Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes».[4]
Aunado a ello, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) manifestó que no existían denuncias penales en curso contra las instituciones señaladas y que colaboraría activamente con autoridades nacionales e internacionales para esclarecer los hechos.
El caso plantea una discusión sobre los límites de la soberanía regulatoria en un entorno globalizado. Si bien México ha suscrito acuerdos multilaterales como los promovidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la imposición unilateral de sanciones sin mecanismos recíprocos de revisión pone en entredicho la simetría institucional entre países. Esta situación evidencia la necesidad de construir esquemas más balanceados de cooperación financiera, donde se garantice el derecho de audiencia, el respeto a los principios del debido proceso y la preservación de la confianza en los reguladores nacionales.
En tal situación, y no obstante que el Estado mexicano ha reaccionado con celeridad, la percepción internacional puede verse afectada negativamente, pues la sola inclusión en listas negras estadounidenses suele provocar el cierre de líneas de crédito internacionales, la suspensión de relaciones con bancos corresponsales y la devaluación de activos.
La intervención de CIBanco e Intercam representa un caso sin precedentes en la historia financiera reciente de México, y más allá de las posibles responsabilidades penales, el caso resalta la fragilidad de los sistemas nacionales frente a sanciones unilaterales, lo que demuestra la necesidad de contar con marcos normativos internos robustos, así como la urgencia de redefinir la relación entre soberanía y cooperación internacional. Es indispensable que la administración pública mexicana no sólo fortalezca sus capacidades regulatorias, sino que también promueva espacios de interlocución diplomática y técnica, para evitar que decisiones unilaterales externas desestabilicen el sistema financiero nacional.
[1] Suárez Karina (2025, 25 de junio) “Estados Unidos sanciona a CIBanco, Intercam y Vector en México por lavar dinero del narcotráfico”. El País. México.
[2] Zúñiga, Alejandra (2025, 26 de junio) “El golpe inesperado de la CNBV, habrá intervención en Intercam y CIBanco por presunto lavado de dinero vinculado al fentanilo tras acusaciones de EEUU”, Infobae,
[3] Zúñiga, Alejandra (2025). Ibid.
[4] BBC ( 2025, 26 de junio), «No somos piñata de nadie»: la dura respuesta de Claudia Sheinbaum a las sanciones de EE.UU. a 3 bancos mexicanos”. BBC News Mundo.
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