Saltar al contenido
Las cámaras de videovigilancia se han convertido en una extensión de la vida urbana. Están en los semáforos, en los comercios, en los accesos a las escuelas y, cada vez más, en los hogares. Su presencia genera una sensación de resguardo, pero también plantea un dilema que México aún no resuelve del todo: ¿cómo equilibrar la necesidad de seguridad con el derecho a la privacidad? En el país, se estima que el mercado de videovigilancia crecerá a una tasa anual compuesta del 12.5% entre 2023 y 2028, impulsando una mayor instalación en espacios públicos y privados.
A pesar de los avances en tecnología, la regulación sobre el uso y la integración de sistemas de videovigilancia sigue siendo dispersa. Existen lineamientos locales, leyes de protección de datos y normas técnicas, pero carecemos de un marco nacional que unifique criterios sobre la operación, almacenamiento y, sobre todo, la interconexión entre cámaras privadas y sistemas públicos de seguridad. Actualmente, según cifras del Inegi, solo el 26% de los dispositivos de videovigilancia en ciudades mexicanas están integrados a sistemas públicos, lo que limita la efectividad en la respuesta a incidentes.
“La desconexión limita la capacidad de respuesta ante emergencias. En muchos casos, las cámaras captan incidentes relevantes, pero la información no llega a tiempo a las autoridades. La diferencia entre actuar en segundos o minutos puede definir el resultado de una situación crítica”, comparte Niv Yarimi, fundador y presidente de Grupo Kabat y Kabat One.
De acuerdo con la ley, quienes operan sistemas de videovigilancia están obligados a colocar un aviso de privacidad simplificado en la zona de captación, informar sobre la finalidad del tratamiento y garantizar los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) de los titulares. Este marco protege la privacidad de los ciudadanos frente al uso indebido de las imágenes.
Sin embargo, la regulación mexicana se concentra en la protección de datos, dejando un espacio de oportunidad para estandarizar en la operación técnica o la interconexión entre sistemas de videovigilancia públicos y privados. En la práctica, cada entidad federativa establece sus propios lineamientos, lo que genera criterios dispares sobre instalación, almacenamiento, uso compartido y resguardo de la información.
Esa fragmentación es un reto para fortalecer la coordinación ante emergencias. Si logramos integrar las cámaras privadas con los sistemas públicos, la información podrá fluir en tiempo real hacia las autoridades, permitiendo actuar con mayor rapidez y precisión. Cada segundo ganado puede marcar la diferencia en la atención y resolución de una situación crítica.
La tecnología ya ofrece una respuesta viable. K-CONNECT, desarrollada por Kabat One, plantea un modelo de colaboración segura entre ciudadanos, empresas y gobiernos. La plataforma permite enlazar sistemas de videovigilancia privados y públicos con centros de monitoreo en tiempo real, bajo un esquema de control y consentimiento del usuario. Es decir, el propietario del sistema decide cuándo y cómo compartir las imágenes, mientras que la información se mantiene encriptada y protegida.
Además, K-CONNECT puede integrarse con sistemas como VMS, 911 o CAD, lo que amplía el alcance operativo de las autoridades sin invadir la privacidad. Su enfoque no es el de “vigilar más”, sino conectar mejor: crear redes de confianza que fortalezcan la respuesta ante emergencias y optimicen los recursos de seguridad. Un estudio de Journal of Security Technologies muestra que integrar sistemas públicos y privados puede reducir el tiempo de respuesta de emergencias en hasta un 40%.
“Para que este modelo prospere, es necesario avanzar hacia reglamentos modernos de videovigilancia, donde se establezcan criterios claros sobre interoperabilidad, resguardo de datos y colaboración interinstitucional”, indica el directivo. “Las cámaras, por sí solas, no construyen seguridad; lo hacen los sistemas que permiten que la información fluya con orden, protección y propósito”, concluye.
La verdadera discusión es social. México tiene la oportunidad de definir lineamientos modernos de videovigilancia que promuevan la interoperabilidad, el resguardo responsable de datos y la colaboración entre sectores. Un marco común fortalecerá la confianza y permitiría aprovechar todo el potencial de estas herramientas para proteger y salvar vidas.
La seguridad del futuro depende de algo más que cámaras y sistemas inteligentes: requerirá instituciones transparentes, ciudadanos informados y normas que garanticen un uso ético de la tecnología.
Related Posts
