RETOS PARA EL 2026 DEL PROFESOR DE LA CARRERA DE LICENCIADO EN DERECHO

Alberto del Castillo del Valle.

Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ante el desorden de “estado de Derecho” que han generado las últimas reformas a la Constitución y a las leyes secundarias, como la nueva forma de asumir el cargo de juzgadores encomendándoseles a personas no preparadas y, lo peor, con tintes políticos, o las que reducen la seguridad jurídica en materia de garantías del gobernado (favoreciendo al gobierno del Estado para actuar arbitrariamente, en retroceso a doscientos años de tradición jurídico-constitucional mexicana en materia de protección sustantiva y adjetiva de derechos humanos), varios profesores universitarios hemos caído en un bache emocional de desánimo por no saber qué decirle a los alumnos al instruirlos como futuros profesionales del Derecho, porque las ideas que se sustentaban en principios generales del Derecho que enmarcaban un auténtico orden jurídico, se han desmoronado con el nefasto actuar de políticos que olvidados de su obligación primaria (servir al pueblo, que no servirse del cargo para perjudicar al pueblo), han decepcionado a sus representantes al herir la base del orden social: el imperio normativo que conducía a la seguridad jurídica.

¿Cómo hablarle al alumno de demandar o juzgar con base en la justicia para darle a cada quien lo suyo, cuando las normas están debilitadas en este rubro?

¿Cómo hacer ver al joven que se está preparando para aplicar la norma, que cada quien tiene protegido su patrimonio ante la arbitrariedad del servidor público, cuando han minado las garantías del gobernado y al amparo y se aplica la ley para favorecer al gobierno del Estado, como descaradamente lo han manifestado públicamente varios juzgadores de tómbola y acordeón?

¿Cómo pedirle al alumno que confíe en el sistema judicial, cuando vemos la impreparación de los titulares de los órganos judiciales y la falta de imparcialidad, base de un buen juzgador, vicios reflejados en sentencias a modo de los intereses del gobierno?

¿Cómo puede el profesor universitario que pregonaba hace menos de un lustro la grandeza del Derecho Procesal Constitucional Mexicano, sentirse orgulloso de su régimen normativo, cuando por intereses mezquinos de una persona y la complicidad de legisladores que obedecen a ciegas a su pastor, se ha roto la grandeza de esta rama del Derecho que no se copió de Europa, sino que nació en este país en 1824 -aunque los que la han matado lo ignoran o dicen que no es así, solamente por satisfacer el apetito de poder de su líder mesiánico corrupto, como corrupta es la conducta de quienes no cumplen con su deber de votar propuestas de normas a favor del bien común-?

Así, la cuesta es muy ardua… y la tenemos que transitar.

En este nuevo año debemos proponernos andarla con ánimo y nuevos bríos, empeñados en dejar en los alumnos bases para un mejor futuro que se forje a partir del ideal de retomar las antiguas instituciones jurídicas que dieron certeza a una vida social sustentada en el Derecho, reafirmando la necesidad de contar con jueces probos, independientes, imparciales, preparados, ajenos a designios políticos y que tengan los méritos para ocupar el cargo de juzgador, a quienes se encomienda la tarea de la siempre viva idea de dar a cada quien lo suyo, lo que se determina atendiendo a una administración de justicia basada en normas que se han creado a partir del ideal de dirimir controversias con base en reglas generales y aplicadas sin distinción entre las partes en conflicto.

Por tanto, los profesores de la bella profesión del Derecho, debemos esforzarnos por transmitir a los alumnos el espíritu de la justicia, con la recta y honesta actuación de todos los intervinientes en un asunto, sean abogados patronos, juzgadores y sus auxiliares, agentes del Ministerio Público, servidores públicos que encarnen a las autoridades responsables, testigos y/o peritos (ofreciéndolos cuando sea necesaria su participación, sin que tergiversen la verdad, base de una buena prueba).

Inculquemos en el joven alumno que ha elegido la carrera de Licenciado en Derecho o de Abogado (y que en ella lo estamos formando), que todos debemos participar con base en las reglas justas y sensatas de la norma y con valores éticos en nuestro desarrollo, imbuyendo en su mente la esencia de la Ciencia Jurídica para que en su actuación profesional (y como buen ciudadano) exija a los legisladores actuar apegados a su servicio público, enmendando los graves yerros que han cometido al haber aprobado reformas absurdas, ajenas a una recta regulación de las relaciones jurídicas en sociedad; porque quienes reformaron (o deformaron) el estado de Derecho, actuaron alejados del interés común y votaron irreflexivamente por lo que se les ordenó en aras de un interés particular o de un grupo que se ha adueñado del poder, pero que no mira en bien de la Unión y de sus habitantes, base de la norma jurídica como bien se dejó impreso en las Constituciones del siglo XIX, ideas que no por ser de aquella centuria dejan de estar vigentes al día de hoy. Que exijan a los servidores públicos asumir su verdadero papel de representantes del pueblo, volteando a ver a éste (en el que se encuentran sus familiares, sus amigos, sus vecinos e, inclusive, ¡ellos mismos!) y retomen el voto de iniciativas de leyes progresistas, no desde la óptica errónea de un discurso político menguado y hueco como el que traen algunas ministras, sino de la Ciencia del Derecho robustecida con la Sociología Jurídica y la Filosofía del Derecho, encaminadas a un fin común y cierto: el bien de la humanidad y a una vida gregaria basada en la paz social y en el respeto a cada quien y de lo más suyo de cada uno: los derechos humanos.