Administración pública eficiente y el uso de inteligencia artificial

Octaviano Zacarías Jiménez Rodríguez

Rector de la Universidad Michael Faraday. Posdoctorante, experto en administración escolar, docente universitario, conferencista, escritor e investigador.

La administración pública contemporánea se desenvuelve en un entorno de elevada complejidad, con una ciudadanía más exigente, recursos presupuestales limitados, demandas crecientes de transparencia y rendición de cuentas, así como crisis sucesivas de carácter económico y de seguridad. En este contexto, la inteligencia artificial (IA) se presenta como una tecnología con capacidad de transformar la manera en que el Estado organiza sus procesos, toma decisiones y presta servicios. Informes recientes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de las Naciones Unidas muestran que los gobiernos están utilizando la IA para acelerar la transformación digital, automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de datos y rediseñar la provisión de servicios públicos:

La inteligencia artificial (IA) es una de las fuerzas más transformadoras del siglo XXI y se está convirtiendo en una parte integral de la transformación digital de los gobiernos y sus administraciones públicas. El uso de la IA por parte de los gobiernos puede generar impactos tangibles al agilizar procesos internos y ofrecer servicios públicos automatizados y personalizados; fomentar una mejor toma de decisiones y capacidad de pronóstico; fortalecer la detección de riesgos de fraude; y elevar la calidad del empleo público y el aprendizaje de los servidores públicos. (Destacándose los) casos de uso concretos sobre cómo los gobiernos están utilizando la IA en funciones gubernamentales centrales, desde la prestación de servicios públicos y la administración de justicia hasta la lucha contra la corrupción, la gestión de las finanzas públicas y la reforma de la función pública.[1]

La noción de eficiencia en la administración pública ha evolucionado, tradicionalmente se había entendido como la capacidad de “hacer más con menos”: reducir tiempos, costos y uso de recursos para lograr una misma tarea. Hoy este enfoque resulta insuficiente, pues la eficiencia debe concebirse de manera más amplia, abarcando la reducción de tiempos de respuesta, la eliminación de duplicidades y trámites innecesarios, la eficacia en el logro de resultados de las políticas públicas, la calidad de los servicios que el Estado ofrece a las personas, así como la posibilidad de auditar decisiones y prevenir la corrupción. Estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre digitalización de servicios públicos sostienen que las tecnologías digitales (incluida la IA) pueden incrementar simultáneamente eficiencia administrativa y desarrollo inclusivo, siempre que se integren en una estrategia coherente de gobierno digital.[2] En el contexto mexicano, incluso organismos garantes de transparencia han destacado que la IA puede incentivar un gobierno digital más eficaz, que facilite la toma de decisiones y aumente la eficiencia, la transparencia y la participación ciudadana.

Además de la automatización, la IA aporta una capacidad sin precedentes para procesar grandes volúmenes de datos y apoyar la toma de decisiones, asimismo en ámbitos como la fiscalización, la seguridad social o la gestión de programas sociales, se utilizan modelos para detectar patrones de fraude o comportamientos anómalos que resultaría imposible identificar con revisiones manuales. En sectores como la salud, la educación o el transporte, los modelos predictivos permiten anticipar picos de demanda y planificar con mayor racionalidad la asignación de recursos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha subrayado que la IA, integrada a estrategias de transformación digital, puede ser motor de productividad y herramienta para superar “trampas del desarrollo” estructurales: “baja capacidad de crecimiento y de desarrollo productivo; elevada desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social; y débil institucionalidad y gobernanza poco efectiva”[3], siempre que se acompañe de políticas adecuadas de datos, infraestructura y capacidades humanas.

La IA también incide en los procesos poco visibles de la gestión pública, es decir, en aquellos procesos internos que la ciudadanía no ve directamente, pero que condicionan la calidad de los servicios. Por ejemplo, la administración financiera y presupuestaria puede beneficiarse de sistemas que monitorean en tiempo real el gasto, detectan desviaciones significativas y elaboran reportes automáticos para órganos de control. Informes del BID muestran que la digitalización integral de procesos en educación, salud, gestión fiscal y trámites públicos no sólo mejora la eficiencia, sino que genera ahorros y efectos positivos en términos de inclusión y transparencia.[4]

Los sistemas de IA intensivos en datos exigen centros de datos fuertes, conectividad confiable y capacidad de procesamiento adecuada, en México, el anuncio de la supercomputadora pública “Coatlicue”, proyectada como la más potente de América Latina, ilustra cómo el Estado busca dotarse de infraestructura estratégica para aplicaciones como predicción de desastres, planificación agrícola y detección de fraudes fiscales

El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto en marcha el desarrollo de la supercomputadora, Coatlicue, como parte del Plan México, su ambiciosa estrategia sexenal para atraer millones de dólares en inversiones y aumentar la producción nacional. (…) el proyecto servirá para resolver problemas públicos que requieren gran capacidad de análisis de datos en materia de medio ambiente, energía, salud y otras necesidades del sector público.

(…) Será operado por científicos mexicanos especializados en cómputo avanzado, con el acompañamiento técnico del Centro de Supercomputación de Barcelona y del Centro para el Desarrollo de Cómputo Avanzado (C-DAC) de la India. El proyecto se integrará al Clúster Nacional de Súper Cómputo, la red universitaria de equipos de alta capacidad que es coordinada por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI). (…) Coatlicue es una supercomputadora diseñada para analizar millones de datos mediante miles de procesadores que operan de manera simultánea. El sistema está integrado por 15.000 unidades de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés), 7.500 chasis y 200 gabinetes, una infraestructura que en conjunto equivale a la potencia de unas 400.000 computadoras trabajando al mismo tiempo.[5]

Esta capacidad de cómputo es clave para que la administración pública pueda desarrollar y operar sistemas de IA propios, sin depender por completo de proveedores externos.

Otra condición necesaria es la gobernanza y la calidad de los datos, la IA aprende a partir de los datos con los que es entrenada, de modo que si los registros son incompletos, sesgados, desactualizados o están fragmentados en múltiples sistemas no interoperables, los resultados serán poco confiables o incluso injustos. La OCDE enfatiza la necesidad de estándares comunes de datos, marcos de interoperabilidad y políticas claras de apertura, protección y uso responsable de la información pública como habilitadores esenciales de una IA confiable en el sector público.[6] En la misma línea, el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) identifica brechas regionales en talento, inversión, políticas de datos y gobernanza, señalando que la calidad de la información y la coordinación institucional son condiciones decisivas para aprovechar la IA en la gestión pública.[7]

La incorporación de IA en el sector público, sin embargo, plantea riesgos que deben reconocerse y gestionarse de manera explícita, uno de ellos es la opacidad algorítmica. Cuando decisiones relevantes (como la asignación de beneficios, la priorización de inspecciones o la determinación de riesgos) se basan en sistemas cuyas reglas de funcionamiento no son comprensibles para la ciudadanía ni siquiera para los propios funcionarios, se debilita el derecho a la motivación de los actos de autoridad y se dificultan los mecanismos de impugnación. Otro riesgo importante es el de la reproducción y amplificación de desigualdades, los modelos de IA entrenan con datos históricos que suelen reflejar inequidades existentes en la sociedad: discriminación por género, origen étnico, territorio o condición socioeconómica, y si no se aplican medidas de mitigación, los sistemas pueden perpetuar esa discriminación. A ello se suma el riesgo de que la digitalización acelerada de servicios, sin alternativas presenciales ni acompañamiento, deje atrás a quienes carecen de conectividad, dispositivos o habilidades digitales, como advierten los informes de gobierno digital de Naciones Unidas.[8]

A pesar de los retos, las oportunidades que ofrece la IA para una administración pública más eficiente y orientada al ciudadano son significativas. En síntesis, la inteligencia artificial puede convertirse en una aliada decisiva para construir una administración pública eficiente, capaz de responder con rapidez y calidad a las demandas sociales, de utilizar de manera racional los recursos disponibles y de diseñar políticas basadas en evidencia. ciudadanía.

[1] OCDE (2025). Gobernar con la inteligencia artificial. Organisation for Economic Co-operation and Development. Recuperado de https://www.oecd.org/es/publications/gobernar-con-la-inteligencia-artificial_dc00e56a-es.html

[2] BID. (2020). Digitalizar los servicios públicos: Oportunidades para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/digitalizar-los-servicios-publicos-oportunidades-para-america-latina-y-el-caribe

[3] CEPAL. (2025). Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/82514-indice-latinoamericano-inteligencia-artificial-ilia-2025

[4] BID. (2020). Digitalizar los servicios públicos: Oportunidades para América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo. Recuperado de https://publications.iadb.org/es/digitalizar-los-servicios-publicos-oportunidades-para-america-latina-y-el-caribe

[5] García, D. (2025, 26 de noviembre). Coatlicue, la supercomputadora que promete predecir desastres naturales y combatir fraudes fiscales en México. El País. Recuperado de https://elpais.com/mexico/2025-11-26/coatlicue-la-supercomputadora-que-promete-predecir-desastres-naturales-y-combatir-fraudes-fiscales-en-mexico.html

[6] OCDE. (2025). Gobernar con la inteligencia artificial. Op. Cit.

[7] CEPAL. (2025). Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025. Op. Cit.

[8] Naciones Unidas. (2024). UN E-Government Survey 2024. United Nations Department of Economic and Social Affairs. Recuperado de https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2024