El amparo como garante de la privacidad y los datos personales en México

Dr. Mario A. Gómez Sánchez

Socio director de Zona Abierta Legal & Technology

Los datos personales se han convertido en uno de los bienes más valiosos de la era digital. Cada compra en línea, cada conversación en redes sociales y cada búsqueda en internet deja un rastro que puede ser aprovechado por empresas, autoridades e incluso ciberdelincuentes. En este escenario, el derecho a la privacidad, tradicionalmente ligado al domicilio o a la correspondencia, se ha ampliado para incluir la protección de la información digital que revela quiénes somos.

En México, el juicio de amparo representa el medio de control constitucional por excelencia para reclamar la violación de este derecho. Gracias a él, cualquier persona puede acudir a los tribunales federales para defender su autodeterminación informativa, hoy reconocida como un derecho humano autónomo.

Marco constitucional de la privacidad y los datos personales

La Constitución mexicana, a partir de la reforma de 2009, reconoce en el artículo 16, párrafo segundo, que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, así como a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO). Este reconocimiento elevó la privacidad digital al rango de derecho fundamental, obligando tanto al Estado como a los particulares a garantizar su respeto.

A la par, el artículo 6º consagra la protección de la información vinculada a la vida privada frente a actos de autoridad, y el artículo 20 regula el tratamiento de datos de víctimas y ofendidos en procesos penales. Estas disposiciones, en conjunto, sientan las bases constitucionales que permiten al ciudadano acudir al juicio de amparo cuando su información personal es indebidamente tratada.

El amparo como mecanismo de tutela

El amparo ha resultado determinante en tres escenarios principales:

1. Impugnación de normas: cuando el legislador crea leyes que permiten la vigilancia masiva o la conservación indiscriminada de datos, el amparo se convierte en la vía para cuestionar su constitucionalidad.
2. Defensa frente a actos de autoridad: por ejemplo, cuando una dependencia exige información personal sin orden judicial ni justificación legal.
3. Omisiones legislativas: el amparo también puede emplearse para reclamar la falta de regulación frente a tecnologías emergentes que ponen en riesgo la privacidad (como registros biométricos).

De esta manera, el amparo cumple no solo una función correctiva, sino también preventiva, al detener prácticas inconstitucionales antes de que se consumen plenamente.

Casuística: amparos relevantes en materia de privacidad

En los últimos años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha resuelto casos paradigmáticos en los que el juicio de amparo ha sido el vehículo de protección, tal es el caso de la Geolocalización en tiempo real. La Corte declaró inconstitucional que las autoridades pudieran rastrear teléfonos celulares sin autorización judicial (Acción de inconstitucionalidad 32/2012). El criterio reafirmó que las comunicaciones privadas son inviolables, salvo orden judicial fundada.

Otro caso grave ha sido la Filtración del padrón electoral (2016). Aunque el caso se sancionó principalmente en sede administrativa y electoral, diversos amparos exhibieron la necesidad de tipificar con mayor precisión la exposición masiva de datos como violación constitucional.

Existen varios precedentes que muestran cómo el amparo se adapta a los desafíos que plantea la era digital y marca límites claros frente a políticas públicas invasivas.

Dimensión procesal: prueba ilícita y cadena de custodia

El amparo también protege en el terreno procesal. El principio de exclusión de la prueba ilícita, reconocido por la SCJN, establece que ninguna evidencia obtenida con violación de derechos fundamentales puede tener valor probatorio. Así, un correo electrónico, registro telefónico o conversación privada obtenidos sin orden judicial deben ser descartados en juicio.

Además, el manejo de evidencia digital exige protocolos técnicos de cadena de custodia que garanticen la integridad de los datos. Si esta se rompe, el amparo es la vía para cuestionar la validez de la prueba, asegurando que la privacidad de los involucrados se respete incluso dentro de los procesos judiciales.

Retos del amparo frente a los datos personales

A pesar de su importancia, el amparo enfrenta retos considerables:

1. Innovación tecnológica vs. derecho escrito. El big data, la inteligencia artificial y la biometría plantean riesgos que la legislación mexicana aún no regula expresamente.
2. Falta de uniformidad. Los criterios de tribunales colegiados sobre el alcance del derecho a la protección de datos no siempre son homogéneos, lo que genera incertidumbre.
3. Legitimación colectiva. El amparo individual resulta insuficiente frente a vulneraciones masivas, como filtraciones de millones de registros. La ausencia de amparos colectivos limita la tutela efectiva.
4. Cambios institucionales. La reciente reforma que elimina al INAI como órgano autónomo abre un debate sobre la coordinación entre protección administrativa y judicial.

El juicio de amparo es hoy una de las principales herramientas de defensa de la privacidad y de los datos personales en México. Sus precedentes han permitido delimitar hasta dónde pueden llegar las autoridades en el uso de la información de los ciudadanos, y han frenado prácticas invasivas como la retención masiva de datos, la geolocalización sin control judicial y los registros biométricos obligatorios.

Sin embargo, el reto sigue siendo enorme. Se necesita que los jueces adopten una visión tecnológica sensible, que el legislador actualice constantemente la normativa y que la sociedad conozca y ejerza su derecho a la privacidad.

En un entorno donde cada clic deja huella, el amparo nos recuerda que la Constitución ofrece un escudo vivo y eficaz para proteger lo más íntimo: nuestros datos personales.