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Daniel Olvera
Doctor en Derecho, Coordinador de Tecnología Financiera en la Procuraduría Fiscal de la Federación.
En el entorno financiero mexicano, las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) han adquirido gran relevancia como vehículos legales para emprendedores, startups y pequeñas empresas que buscan atraer capital mediante mecanismos flexibles. No obstante, su uso indebido puede desencadenar prácticas ilegales, entre ellas, la captación de recursos del público sin la debida autorización, una conducta que puede constituir un delito financiero grave con importantes repercusiones legales y económicas.
¿Qué es una SAPI?
La SAPI es una figura jurídica contemplada en la Ley del Mercado de Valores (LMV), diseñada para facilitar la inversión en empresas que aún no cotizan en bolsa pero que buscan financiamiento a través de inversionistas privados. Ofrece ventajas como libertad contractual, emisión de distintas series de acciones y esquemas de salida para los inversionistas. No obstante, una SAPI no es, por sí misma, una entidad financiera regulada ni está autorizada para realizar actividades reservadas exclusivamente a instituciones de crédito o intermediarios financieros autorizados, como lo es la captación de recursos del público en general.
¿Qué se entiende por captación de recursos del público?
El concepto de “captación” está definido por la Ley de Instituciones de Crédito (LIC) como la recepción de recursos en depósito, préstamo, mutuo o en cualquier otra forma análoga, de manera habitual y profesional, del público en general, con la promesa de devolución del principal y, en su caso, el pago de intereses, rendimientos u otros beneficios económicos.
Este tipo de operaciones están reservadas a instituciones autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Banco de México, como los bancos, las sociedades financieras populares (SOFIPOS), sociedades financieras comunitarias (SOFINCOS), o instituciones de tecnología financiera (Fintech) registradas conforme a la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).
¿Qué hace ilegal la captación por parte de una SAPI?
Una SAPI puede recibir recursos de sus socios o inversionistas mediante aumentos de capital, préstamos privados o emisión de instrumentos autorizados, pero no puede captar recursos del público en general para invertirlos, administrarlos o devolverlos con rendimiento, sin estar debidamente autorizada.
El problema surge cuando una SAPI, sin contar con autorización ni estar registrada como entidad financiera, publicita esquemas de inversión abiertos al público, promete rendimientos, o maneja recursos de terceros con fines financieros, lo que podría configurar una captación ilegal.
Algunos indicios típicos de captación ilegal por parte de una SAPI son:
- Promesas de altos rendimientos sin respaldo financiero ni registro ante autoridades.
- Emisión de pagarés u “inversiones privadas” sin controles legales.
- Uso de publicidad masiva (en redes sociales, páginas web, correos electrónicos) para atraer inversionistas sin calificación previa.
- Falta de autorización por parte de la CNBV o de inscripción en el SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros).
Consecuencias legales de la captación ilegal
La captación ilegal constituye una infracción administrativa y también puede constituir un delito penal, según el artículo 103 de la Ley de Instituciones de Crédito. Este artículo establece que quien, sin contar con autorización, realice actos de captación de recursos del público, podrá ser sancionado con penas de prisión de 5 a 15 años y multas que van de 1,000 a 30,000 días de salario mínimo.
Adicionalmente, la CNBV tiene la facultad de ordenar la suspensión inmediata de operaciones ilegales, iniciar procedimientos de sanción y dar vista al Ministerio Público Federal, lo cual puede derivar en investigaciones penales por delitos financieros o incluso por fraude, en caso de perjuicio patrimonial a los inversionistas.
Casos recientes y señales de alerta
En los últimos años, diversas autoridades mexicanas, incluyendo la CNBV y CONDUSEF, han alertado sobre el crecimiento de esquemas de inversión fraudulentos disfrazados de figuras legales como las SAPI. Algunas operan como “fondos de inversión privados” sin regulación, mientras otras utilizan figuras societarias para legitimar actividades de captación, respaldadas por contratos privados de inversión sin base legal.
Es importante destacar que la formalidad legal de constituir una SAPI no convalida actividades que requieren autorización especial, por lo que los inversionistas deben realizar una verificación exhaustiva antes de entregar recursos a estas entidades.
¿Cómo prevenir la captación ilegal?
Para evitar caer en esquemas ilegales, tanto empresarios como inversionistas deben tomar en cuenta los siguientes puntos:
- Verificar el objeto social de la SAPI: debe coincidir con actividades empresariales lícitas, y no incluir intermediación financiera.
- Consultar registros oficiales: revisar si la empresa está inscrita en el SIPRES o autorizada por la CNBV.
- Evitar la oferta pública de inversión sin prospecto autorizado.
- Desconfiar de rendimientos garantizados o excesivos.
- Asesorarse legalmente antes de participar en estructuras de inversión privadas.
Conclusión
La captación ilegal de recursos por parte de una SAPI no autorizada representa un serio riesgo para la integridad del sistema financiero y para la seguridad patrimonial de los inversionistas. Las figuras societarias deben usarse conforme a su propósito y limitaciones legales, y no como mecanismos encubiertos para realizar actividades reservadas a entidades financieras. La vigilancia y acción de las autoridades, combinada con una mayor educación financiera, son esenciales para prevenir fraudes y proteger el ahorro del público.
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