La elección extraordinaria de juzgadores 2025

Doctor Ángel Mario García Guerra. Licenciatura en Derecho y Ciencias Jurídicas por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE JUZGADORES 2025

México se enfrenta a uno de los procesos electorales más importantes de su historia, la elección de los miembros del Poder Judicial de la Federación, Ministros, Magistrados, Jueces, y el reto se antoja complicado.

Primera vez en la historia que los juzgadores de este país son electos a través del voto de la ciudadanía, primera vez que en un proceso electoral no intervienen los partidos políticos en la propuesta de los candidatos y esta elección tiene como fundamento una reforma a la Constitución y a las Leyes Secundarias aprobada el año pasado.

Una reforma que fue ampliamente cuestionada, principalmente por los empleados actuales del Poder Judicial de la Federación en todos los niveles, pero también por los miembros de la oposición del partido en el poder; cada grupo, tanto los opositores como quienes se manifestaron a favor, tenían sus argumentos para sostener sus posturas, algunas respetables, otras lógicas y otras totalmente inverosímiles. Lo que realmente importa es que no fue una reforma consensada, algo que se antoja complejo en un país de diversidad de opiniones como el nuestro.

Sin embargo, aún aquellos que se oponían a la reforma, reconocieron públicamente la necesidad de un cambio de raíz en el Poder Judicial Federal, por tanto a ningún mexicano le queda la menor duda de que los resultados que durante años ha dado en términos de justicia el Órgano Jurisdiccional Federal han sido negativos, es decir, los juzgadores en México están en deuda con el país, con las mexicanas, con los mexicanos, lo que hacía necesariamente indispensable realizar cambios, pues no podemos pretender obtener resultados diferentes si seguimos haciendo exactamente las mismas cosas.

Así que hoy en día, aún con las voces en contra, la reforma al Poder Judicial es parte de nuestra legislación vigente y por lo tanto está en marcha este importante proceso electoral, los retos a los que nos enfrentamos todos como mexicanos son, primero, convencer a los electores de la importancia de acudir a las urnas para votar por las candidatas y candidatos que más las convenzan para ocupar esos cargos el día primero de junio; no es algo fácil, pues tradicionalmente en este país la postura de los y las mexicanas ha sido en el sentido de no ser muy participativos en temas electorales, a eso agreguémosle que hay personas que han manifestado desconocimiento del tema y poco interés; otro reto es ¿a quienes elegir?, porque a diferencia a una elección tradicional, en esta ocasión los que se están proponiendo como candidatos están imposibilitados para ofrecerle al elector beneficios sociales, servicios públicos, calles, carreteras, alumbrado público, apoyos sociales, etc., los candidatos en esta elección tampoco pueden ofrecerle a los electores que todas las contiendas que tengan en un tribunal, si votan por ellos, van a resultar favorables a sus intereses, algo que es impensable.

Por tanto, el factor determinante para que un elector se decida por uno u otro candidato, va a ser el conocer los perfiles de los mismos, su trayectoria, su experiencia y creo que también en cierto modo sus preferencias políticas, porque no podemos separar al 100% de esta elección de los partidos políticos involucrados, tanto en el proceso de reforma, como en la discusión que se dio al respecto, así que no nos queda duda, será una elección que nos presenta retos importantes pero no imposibles de vencer, por ser un proceso inédito, pero valdrá la pena estar atentos y observar con espíritu crítico todo el proceso completo y en su momento evaluar en lo general como funcionó, para hacer los cambios necesarios a fin de que la segunda parte de esta elección, que ocurrirá en el año 2027, se haga con mejores resultados.

Definitivamente la reforma va a tener fallas, que como todo proceso humano será factible de correcciones, pero la mayor parte de las mexicanas y los mexicanos estamos totalmente conscientes y a favor de la necesidad de un cambio radical en el Poder Judicial de la Federación.

Encuestas importantes realizadas en todo México, señalan la gran desconfianza que tiene el pueblo en sus juzgadores y esa mala fama no es producto de la casualidad, sino de un trabajo deficiente hecho por años por quienes se encargan de impartir justicia, en mi opinión personal en los últimos años se han privilegiado los formalismos o las resoluciones legaloides por encima de la justicia, en materia penal las concesiones de amparo en su gran mayoría, cercano al 70% o tal vez el 80%, son por cuestiones de formas, de reposiciones de procedimiento y otro tipo de resoluciones de similares características, lo que hace que la justicia sea lenta, que se retarde innecesariamente y que al final de cuentas la gente no recibe la justicia que necesita, el 98% de los delitos que se cometen quedan impunes y esos focos de alarma deben de ser observados por quienes a partir del primero de septiembre tengan la encomienda de impartir justicia, los juzgadores de México, o sea el Poder Judicial, está en deuda con todas y todos los mexicanos y este pueblo no soporta más que sigamos por ese mismo camino, es menester un cambio de raíz, que la justicia sea sencilla, inteligible para cualquier persona, que los jueces y las juezas den la cara al pueblo y sobre todo que exista un órgano que verifique que la actuación de los juzgadores sea adecuada, eficaz, honesta y certera.

También es importante que se reforme de nueva cuenta la Constitución y las Leyes secundarias, para someter a todos los juzgadores, incluidos los ministros de la Suprema Corte, a controles de confianza anual, tales como prueba de polígrafo, revisión de patrimonio, no solo de ellos sino de sus familiares más cercanos, pruebas antidoping y cualquier otra forma moderna o actual que exista para verificar que los juzgadores estén al nivel de lo que el pueblo de México requiere, además del ámbito técnico, también en el tema económico y personal; la mayoría de los servidores de las instituciones de seguridad pública son sujetos a estos controles de confianza, no existe ninguna razón o motivo para que no se incluyan también a los juzgadores en estos controles de confianza.