La importancia del asesor jurídico para la víctima del delito en el sistema procesal penal acusatorio en México

Lorena López García

Experta en Juicios Orales y en el Sistema procesal Penal Acusatorio. Posee estudios de posgrado, es conferencista y articulista en diversas instituciones de educación superior.

La importancia del asesor jurídico para la víctima del delito en el sistema procesal penal acusatorio en México

El sistema procesal penal acusatorio en México, implementado ya de manera plena a partir de 2016, introdujo una nueva arquitectura jurídica centrada en el respeto a los derechos humanos, la oralidad, la transparencia y la equidad procesal. Una de las innovaciones más relevantes de este modelo es el reconocimiento explícito de la víctima como sujeto procesal con derechos propios, lo que implica un cambio sustancial respecto del Sistema Mixto (inquisitivo) anterior. Es así que, la figura del asesor jurídico adquiere una importancia crucial para garantizar a la víctima el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño. En ese contexto, diversos profesionales del derecho (que pudiesen fungir como particulares) tienen la posibilidad de actuar como asesores jurídicos de la víctima.

Reconocimiento de la víctima como sujeto procesal

El Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) establece que la víctima u ofendido del delito tiene derecho a intervenir en el proceso penal, a ser informada sobre el desarrollo del procedimiento, a presentar pruebas, a impugnar resoluciones y, sobre todo, a contar con asesoría jurídica adecuada desde el inicio del procedimiento. Este reconocimiento es coherente con lo dispuesto en instrumentos internacionales como la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (ONU, 1985) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el proceso penal moderno debe ser una herramienta para la protección de la víctima, más allá de su papel tradicional como simple denunciante. La víctima, como parte activa, tiene derecho a una participación plena y efectiva que no se agote en la presentación de la denuncia, sino que se extienda a todas las fases del procedimiento penal (Vara Espíndola, 2023).

El rol del asesor jurídico

Es importante preguntar ¿quién puede ser asesor jurídico?, y la respuesta es precisa:

Es un Licenciado en Derecho o Abogado titulado que tiene los conocimientos necesarios para conducir a las víctimas que así lo requieran; es decir aquellas personas que sufrieron una lesión, daño o puesto en peligro su vida, su libertad, su seguridad jurídica, su patrimonio, su integridad, entre otros. Hacen el acompañamiento desde que se denuncia el delito hasta que llega a repararse el daño del cual pudieron ser objeto. Dan asesoría jurídica y conducen en la elaboración de escritos, canalizan a hospitales o alguna otra dependencia para lograr que se recupere del daño que le pudo haber ocasionado los sujetos activos del delito; procurando en todo momento proteger los derechos de las victimas tales como los derechos que tienen a su favor, ser informados del desarrollo del procedimiento penal, coadyuvar en el desahogo de diligencias correspondientes, atención médica y psicológica de urgencia, resguardar su identidad y otros datos, impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del ministerio público y sobre todo, en los casos que proceda solicitar la reparación del daño sin menoscabo de la víctima(GobCDMX s/f).

El asesor jurídico de la víctima es el profesionista del derecho que actúa de manera independiente o a través de instituciones públicas, como las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, con la finalidad de representar los intereses de la víctima dentro del proceso penal, y por ello es que diversos profesionales del derecho, incluidos aquellos que provienen del ámbito particular, cubren esas funciones. Se trata de la participación de un actor fundamental para equilibrar la relación procesal y evitar que la víctima quede en una posición de indefensión frente al imputado y al aparato estatal.

Entre las funciones del asesor jurídico destacan:

• Informar a la víctima sobre sus derechos y las etapas del procedimiento penal.
• Representar legalmente a la víctima en audiencias y diligencias procesales.
• Proponer y ofrecer pruebas en favor de la víctima.
• Solicitar medidas de protección y reparación integral del daño.
• Impugnar resoluciones que afecten los derechos de la víctima.
• Participar en mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación o la justicia restaurativa.

Según Olga Islas de González Mariscal, la víctima requiere de un acompañamiento técnico-jurídico permanente que no dependa exclusivamente del Ministerio Público, ya que con ello lograría un avance hacia un verdadero equilibrio entre las partes en el proceso penal (Islas, 2014).

Importancia práctica del asesor jurídico

La intervención del asesor jurídico tiene un impacto directo en la calidad de la justicia que recibe la víctima. Es de preverse que en un sistema penal caracterizado por una complejidad técnica y por la posible revictimización institucional, contar con un asesor capacitado es indispensable para que la víctima no sea marginada o manipulada durante el proceso. Además, en casos de violencia de género, desaparición forzada, trata de personas o delitos contra la niñez, la asesoría jurídica especializada permite incorporar enfoques diferenciales y de Derechos Humanos que fortalecen la respuesta institucional.

Autoras como Catalina Pérez Correa han subrayado que en el sistema penal mexicano aún persisten prácticas que minimizan la voz de la víctima, sobre todo en contextos de violencia estructural y discriminación: “En la decisión sobre qué delitos perseguir, el sistema decide qué víctimas proteger. Al dejar fuera los intereses de ciertas víctimas, el proceso penal puede tener resultados discriminatorios. Específicamente, esto lo podemos ver cuando a un grupo determinado de personas les es sistemáticamente negado acceso al sistema.” (Pérez, 2014, p. 159). En este sentido, el asesor jurídico cumple una función importantísima, al visibilizar las necesidades y demandas de las víctimas, para coadyuvar a que no sean excluidas del acceso pleno a la justicia.

Asimismo, el asesor jurídico contribuye a fortalecer la confianza en las instituciones de justicia penal y a combatir la impunidad, su presencia activa garantiza que la reparación del daño no sea una mera formalidad, sino un proceso sustantivo que atienda tanto el aspecto material como el emocional de la víctima.

Y, sin embargo, a pesar de su relevancia, la implementación efectiva de la figura del asesor jurídico enfrenta aún retos por superar:

• Insuficiencia de asesores públicos: Las comisiones ejecutivas estatales y federal no cuentan con suficiente personal para atender la demanda creciente de servicios de asesoría.
• Desigualdad en el acceso: Mientras algunas víctimas tienen acceso a abogados privados especializados, otras, especialmente en zonas rurales o de alta marginación, carecen de apoyo legal adecuado.
• Falta de capacitación: No todos los asesores cuentan con la formación adecuada en derechos humanos, perspectiva de género y técnicas de litigación oral.
• Resistencia institucional: En ocasiones, los operadores del sistema (Ministerio Público, jueces, defensores) restan importancia al papel del asesor jurídico o dificultan su intervención activa.

Investigadores como Raúl Arroyo González han advertido que uno de los obstáculos más serios deviene cuando se sigue considerando al Ministerio Público como el único titular de la acción penal, lo cual deja a la víctima en una posición secundaria (Arroyo González, 2018). Superar esta inercia requiere una capacitación continua y una reforma cultural profunda dentro del sistema de justicia penal.

Puntos conclusivos

Para quien ha sufrido la comisión de un delito, el asesor jurídico es una pieza clave, pues su presencia asegura que tal víctima no sea una mera espectadora, sino una parte activa en la búsqueda de justicia. Por ello y para que este modelo cumpla con su promesa de equidad y protección de derechos, es necesario fortalecer institucionalmente el acceso a asesoría jurídica especializada, garantizar su independencia, y promover una cultura jurídica que reconozca el papel central de la víctima en el proceso penal. Asimismo, se requiere que los asesores jurídicos actuemos con capacidad ética y legal, con la finalidad de construir una justicia penal verdaderamente centrada en las personas y en la reparación del daño causado por el delito. Como lo afirma el jurista Ernesto López Portillo Vargas, el nuevo sistema penal no será realmente acusatorio ni democrático si no asegura la voz de la víctima y su acceso efectivo a la justicia (López Portillo, 2020).

Fuentes consultadas

• Arroyo González, R. (2018). La víctima en el proceso penal acusatorio. México: Tirant Lo Blanch.
• Gobierno CDMX, Portal de Consejería Jurídica. Asesor Jurídico, Concepto. En: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/component/glossary/Glosario-Consejer%C3%ADa-1/A/ASESOR-JUR%C3%8DDICO-25/
• Islas de González Mariscal, O. (2014). Derechos de las víctimas en el nuevo sistema penal acusatorio. México: UNAM.
• López Portillo Vargas, E. (2020). Seguridad con legalidad. Una propuesta de justicia penal centrada en las personas. México: Insyde.
• Pérez Correa, Catalina (2014), El Sistema Penal como mecanismo de discriminación y exclusión. En: Sin derechos. Exclusión y discriminación en el México actual. Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM.
• Vara Espíndola, Daniela Mayumy (2023) Derecho de las víctimas a conocer la verdad. Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. — Primera edición. — Ciudad de México, México : Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2023.