La supuesta guerra contra el narco y la omisión del gobierno de combatirlo.

Alberto del Castillo del Valle.

Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Felipe Calderón inició una guerra…; perdón, me equivoqué: Calderón cumplió con su deber de procurar imponer el orden a los delincuentes, pero hoy los malos gobernantes guindas no lo entienden. No entendieron entonces (2006-2012) que la institución que investigaba delitos se denominaba “Procuraduría General de Justicia”, porque procuraba que todos viviéramos en orden, dándole seguridad a cada quien en lo más suyo de cada uno: sus derechos. La función gubernamental conduce al cuidado de los bienes de cada persona y el castigo penal para quien se salga de las reglas del Derecho que la sociedad se ha impuesto, esto al prohibirse la venganza privada; o sea, lo mismo que se hizo en el gobierno de Calderón debiera suceder hoy con la actuación apegada a Derecho por parte de la Fiscalía General de la República, que hoy (se dice) es autónoma y debe estar personificada por un servidor público profesional en la materia, quien debe actuar dentro del marco legal referente a investigar y perseguir a los probables responsables de delito, sin que ese combate corresponda a los gobernados y menos aún a las bandas de delincuentes.

Por cuestiones políticas, los “adversarios” de Calderón fueron a denunciarlo en la Corte Penal Internacional y…, nada pasó, porque los jueces entendieron que no era un crimen de él, sino que las muertes de integrantes de bandas organizadas de la delincuencia las causaron los propios delincuentes (guerra entre bandas “criminales”). En 2006-2012 el gobierno del Estado pretendió combatir a los delincuentes, más no cruzarse de brazos y dejar que la delincuencia actuará arbitrariamente afectando la paz pública y sembrando terror en la sociedad o, peor aún, decir que no es legal combatir a probables delincuentes.

Hoy, la presidente dice que es ilegal (“está fuera del marco de la ley”) combatir a los que están delinquiendo; entonces, desconoce el alcance de los preceptos que crean las instituciones de procuración y de administración de justicia y, sobre todo, la tarea gubernamental de dar seguridad pública a todos (sin distinciones).

La ley, en general, la penal en particular, se ha creado para permitir una vida social en paz y en orden. Entonces, quien está fuera de la ley es la política de la titular del Ejecutivo federal de no imponer el orden jurídico a quien actúa violando las normas de orden público (señala el artículo 1830 del Código Civil federal que es ilícito actuar contra las buenas costumbres y las normas de orden público). Por el contrario, cumplir y hacer cumplir la ley es obligación de los servidores públicos, según protestaron hacerlo al asumir su encargo.

¿Quién incurre en responsabilidad por violación a derechos humanos, entonces? ¿Quién quiso aplicar la ley o quien por cuestiones políticas (inentendibles) omite hacerlo, aunque se comprometió a acatar ese mandato constitucional?