Los problemas para el logro de la reinserción social en México

Emmanuel Yuriko Salas Yañez

Docente universitario, escritor, conferencista, experto en temas de penitenciarismo

La reinserción social es uno de los grandes retos del sistema penitenciario mexicano, su finalidad es lograr que las personas privadas de la libertad (PPL) regresen a la sociedad como ciudadanos capaces de convivir pacíficamente y de respetar la ley, garantizando al mismo tiempo la seguridad pública y la prevención del delito. No obstante, en México este ideal se enfrenta a múltiples obstáculos estructurales, institucionales y sociales que impiden su cumplimiento efectivo.

A pesar de los avances normativos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), la distancia entre la norma y la realidad es considerable. Las condiciones de internamiento, la falta de oferta de programas educativos, laborales y de salud adecuados, la violencia intramuros y el estigma social son factores que continúan perpetuando un círculo vicioso de exclusión y reincidencia.

Marco jurídico de la reinserción social

La reinserción social está reconocida constitucionalmente como un derecho y una finalidad esencial de la pena. El artículo 18 de la Constitución mexicana establece que el sistema penitenciario: “se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad”. Asimismo, la Ley Nacional de Ejecución Penal (2016) desarrolla el marco operativo de esta disposición, estableciendo que la reinserción debe garantizar el respeto a los derechos humanos de las PPL y promover su integración social, familiar y laboral, sin embargo, el cumplimiento de este marco enfrenta serios problemas estructurales. Aunque México ha adoptado un discurso jurídico progresista, la materialización de estos derechos requiere de instituciones penitenciarias profesionalizadas, recursos suficientes y políticas públicas coherentes, elementos que en la práctica son escasos. En ese contexto, la distancia entre la norma y la realidad penitenciaria se convierte así en un obstáculo central para el logro de la reinserción.

Crisis estructural del sistema penitenciario

Uno de los problemas más graves es la crisis estructural del sistema penitenciario. De acuerdo con datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2023), la mayoría de los centros penitenciarios del país presentan condiciones inadecuadas de habitabilidad, sobrepoblación, insuficiencia de servicios médicos y carencia de programas efectivos de trabajo y educación.[1] El hacinamiento es un factor crítico. Aunque algunos estados han reducido sus niveles de sobrepoblación, aún existen cárceles que operan por encima de su capacidad. Ello genera condiciones insalubres, violencia entre internos, deterioro psicológico y pérdida del sentido de la reinserción como fin de la pena.

La infraestructura penitenciaria también resulta obsoleta: muchos centros fueron diseñados bajo modelos de seguridad y castigo, no de reinserción. La falta de espacios adecuados para talleres, aulas o áreas deportivas impide la implementación real de los programas previstos por la ley.

Corrupción y autogobierno

La corrupción es un fenómeno endémico que atraviesa todas las etapas del sistema penitenciario. En muchos centros, la autoridad formal convive con un autogobierno interno, donde los propios internos o grupos criminales ejercen control sobre la vida cotidiana: asignan celdas, cobran “cuotas” por seguridad o acceso a servicios y deciden quién puede o no participar en programas de trabajo o educación. Este fenómeno erosiona completamente los objetivos de la reinserción. La convivencia cotidiana bajo el dominio de estructuras criminales reproduce y refuerza patrones de violencia, jerarquía y poder ilícito.

Insuficiencia de programas educativos y laborales

La reinserción requiere no solo del cumplimiento formal de una sentencia, sino del desarrollo de capacidades que permitan a las personas reinsertarse productivamente en la sociedad, sin embargo, los programas educativos y laborales dentro de las cárceles mexicanas son escasos, desactualizados o mal gestionados.

Muchos centros carecen de convenios con instituciones educativas o empresas que permitan la certificación oficial de estudios o la inserción laboral postpenitenciaria, por ejemplo, los talleres productivos suelen ser de baja calidad, poco remunerados y sin relación con las demandas del mercado laboral. Además de que la falta de coordinación interinstitucional entre el Sistema Penitenciario Federal y los sistemas estatales, así como entre las Secretarías de Seguridad, Educación y Trabajo, impide una política integral de capacitación y reinserción efectiva.

El estigma social y la exclusión postpenitenciaria

Es una tragedia que cuando una persona logra salir de prisión, enfrenta una nueva condena: la exclusión social. El estigma asociado a haber estado en prisión constituye una de las barreras más difíciles de superar, ello trae consigo que las oportunidades de empleo, vivienda o estudio se reducen drásticamente. Esta exclusión genera una paradoja: el Estado exige a los liberados que se reintegren, pero la sociedad no está dispuesta a aceptarlos. La falta de políticas de acompañamiento postpenitenciario, como programas de inserción laboral, seguimiento psicológico o reintegración comunitaria, conduce a que muchos egresados regresen a contextos de pobreza, violencia y criminalidad.

Desde la perspectiva criminológica, esta situación se relaciona con la teoría del etiquetamiento (labelling approach), según la cual el individuo internaliza el rol de “delincuente” que la sociedad le impone, reproduciendo las conductas desviadas que se buscaba corregir. Así, la reinserción fracasa no solo dentro de la prisión, sino también fuera de ella.

Desigualdad, pobreza y criminalidad estructural

Los problemas de reinserción no pueden entenderse aislados de la realidad socioeconómica del país. En México, la mayoría de las personas privadas de la libertad provienen de contextos de marginación, baja escolaridad y falta de oportunidades laborales. La prisión, en muchos casos, no corrige la desigualdad sino que la reproduce. En otras palabras: el acceso a beneficios penitenciarios, defensa jurídica o condiciones dignas depende en gran medida de los recursos económicos y del apoyo familiar. Así, la justicia penal opera con sesgo de clase, castigando con mayor severidad a quienes menos tienen.

Derechos humanos y reinserción: el papel del Estado

La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011 incorporó la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de todas las personas, incluyendo a las privadas de libertad. No obstante, persisten violaciones sistemáticas dentro de los centros penitenciarios: tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y deficiencias médicas.[2]

El enfoque de reinserción social debe entenderse como parte del derecho humano a la dignidad y a la no repetición. Organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han señalado que los Estados deben garantizar condiciones humanas de detención, programas efectivos de educación y salud mental, y estrategias de reintegración social sostenidas. En México, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y la CNDH han insistido en la necesidad de políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Sin embargo, las acciones implementadas han sido dispersas, con poca continuidad y escasa evaluación de resultados.

Políticas públicas insuficientes y falta de evaluación

México carece de una política integral de reinserción social que articule los distintos niveles de gobierno y las instituciones involucradas. La Coordinación Nacional del Sistema Penitenciario, prevista en la LNEP, opera de manera fragmentada y con escasos recursos. No existen indicadores nacionales estandarizados que permitan medir el éxito de los programas de reinserción o su impacto en la reincidencia delictiva. La falta de evaluación impide conocer qué políticas funcionan y cuáles deben corregirse.

Asimismo, el presupuesto destinado a la reinserción es limitado y frecuentemente se destina a seguridad y mantenimiento, más que a educación, trabajo o salud mental. Esta desproporción revela una concepción punitiva, más que rehabilitadora, del sistema penal.

Propuestas y perspectivas

Para avanzar en la efectividad de la reinserción social en México, es necesario adoptar una visión integral y multidisciplinaria que articule los siguientes ejes:

1. Profesionalización penitenciaria: fortalecer la formación ética, jurídica y humanista del personal, garantizando condiciones laborales dignas.
2. Infraestructura y programas reales: invertir en espacios educativos, laborales y deportivos, con vinculación certificada a instituciones públicas y privadas.
3. Atención psicosocial y salud mental: indispensable para tratar las secuelas del encierro y prevenir la reincidencia.
4. Participación comunitaria: involucrar a organizaciones civiles, universidades y empresas en la reintegración laboral y social.
5. Perspectiva de derechos humanos y género: garantizar el trato diferenciado y equitativo para mujeres y grupos vulnerables.
6. Seguimiento postpenitenciario: crear programas nacionales de acompañamiento, con incentivos para empleadores y servicios de apoyo familiar.
7. Evaluación y transparencia: establecer indicadores públicos y auditorías independientes sobre el funcionamiento del sistema penitenciario.

Solo a través de políticas coordinadas y sostenidas podrá lograrse un cambio estructural que transforme la prisión en un espacio de reconstrucción, no de degradación.

La reinserción social en México enfrenta una multiplicidad de obstáculos que van desde la precariedad institucional hasta la discriminación social. Pese a contar con un marco normativo avanzado, la práctica revela una brecha entre el ideal jurídico y la realidad penitenciaria.

[1] CNDH, Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2023.

[2] Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos. (2011,10 de junio)