Panorama legal del cannabis en México

Raúl Elizalde Garza

Licenciado en Derecho por la Universidad de Monterrey, a lo largo de su carrera se ha especializado en derecho aduanal, además de ser un reconocido activista en pro del acceso a productos derivados de cannabis.

La industria de cannabis en México es bastante compleja inicialmente por la falta de información y tabúes que la rodean, pero es todavía más relevante comprender el marco legal alrededor de ella, ya que este es crucial para entender cómo es posible que existe una gran variedad de productos que se venden y distribuyen en nuestro país.

La historia moderna de la industria de cannabis en México y el mundo inició en los últimos años del Siglo XX, en 1996 cuando el gobierno del estado de California aprobó la propuesta 215 que permitía a los californianos acceso a cannabis con fines medicinales y prohibía las acciones punitivas contra los profesionales de la salud que hicieran recomendaciones para el uso de cannabis con fines medicinales.

A partir de esta propuesta, se fortaleció la investigación y uso de cannabinoides para entender su potencial terapéutico, particularmente el cannabidiol o CBD, uno de los cientos de componentes que conforman químicamente al cannabis y que a lo largo de los años se ha convertido en uno de los compuestos con mayor cantidad de evidencia científica debido a su potencial en el tratamiento de diversos padecimientos y a que no ofrece efectos psicotrópicos.

Ese primer esfuerzo por parte del gobierno de California sirvió como punto de inflexión para que en Estados Unidos empezarán los trabajos legislativos para reconocer el potencial terapéutico que tiene el cannabis, y también sirvió como punta de lanza en México, ya que los efectos positivos que se observaron en diversos pacientes con epilepsia resistente a medicamentos llegaron a mi familia, ya que nosotros batallábamos para encontrar una solución terapéutica para mejorar la calidad de vida de mi hija Grace. Como resultado de esto, mi familia y nuestro equipo legal empezamos a trabajar para obtener un amparo que en 2016 nos permitiera que Grace fuera la primera paciente en México en poder utilizar legalmente este tipo de productos para tratar su condición médica, una extraña forma de epilepsia resistente a todo tipo de tratamiento farmacológico existente en ese momento y que, con el paso de los años se ha convertido en el aliado para que Grace y miles de pacientes puedan tener una mejor vida y evitar algunos de los riesgos asociados al uso de medicamentos anticonvulsivos y a otros procedimientos quirúrgicos que son comunes para algunos pacientes con epilepsia.

Gracias a la presión social y mediática, en 2016 se logró que otros dos pacientes recibieran una autorización por parte de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), de esa manera se logró establecer que existiera un mecanismo más sencillo para que las personas que así lo requirieran pudieran tener acceso a este tipo de tratamientos, contando con algunos candados como la obtención de una receta médica y la aprobación por parte del regulador sanitario.

En 2017 se logró uno de los principales hitos para la industria de cannabis en México, ya que el 19 de junio de ese año, se promulgo el Decreto de Reforma a la Ley General de Salud, mediante el que se reformaron una gran cantidad de artículos con el fin de reconocer el potencial terapéutico del cannabis, además de hacer una clara distinción entre los usos médicos, recreativos e industriales.

A partir de esa fecha, COFEPRIS tuvo a su cargo la creación de reglamentos secundarios para homologar lo establecido en la Ley General de Salud con otras regulaciones como el Código Penal Federal y hasta las leyes aplicables en materia aduanera, resultado de esto, en 2018 la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios emitiera los primeros lineamientos de control sanitario de la cannabis, y como resultado de esto, se emitieron los primeros permisos para que cinco compañías pudieran importar y distribuir legalmente productos derivados de cannabis no psicoactivo con concentraciones menores al 1% de componentes psicoactivos como el Tetrahidrocannabinol (THC), sin embargo estos lineamientos fueron puestos a revisión tan sólo un año después, dejando a las empresas con sus permisos pero en un vacío legal que afectaba hasta a los pacientes que buscaban estos productos.

A partir de 2018 la industria se mantuvo en área gris, ya que tomando en cuenta el principio de no retroactividad, existían empresas que continuaban aprovechando los permisos emitidos por COFEPRIS, mientras que otras aprovechaban los huecos legales para producir y distribuir productos que incluso no cumplen con los establecido por la reglamentación que se encuentra en revisión y no fue hasta 2021 que se emitió el reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario para la Producción Investigación y Uso Medicinal del Cannabis y sus Derivados Farmacológicos, donde se privilegiaba a las grandes empresas farmacéuticas, se limitaban los protocolos de investigación científica, y sobre todo se olvidaban de los diversos usos industriales que tiene el cannabis. Fue ese mismo año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Declaratoria General de Inconstitucional, eliminando la prohibición absoluta al consumo lúdico o recreativo de cannabis, generando aún mayor desinformación entorno a la industria de cannabis, ya que tanto los usos recreativos, como farmacéuticos e industriales están contemplados en alguna de las leyes arriba mencionadas, pero la falta de regulaciones secundarias y la armonización de las mismas representa un grave riesgo para el desarrollo de la industria, así como para los pacientes y aquellas empresas que buscan industrializar las fibras de cáñamo para crear textiles, bioplásticos y combustibles, ya que al no existir regulaciones secundarias, no existe certeza jurídica.

El reto actual para la industria de cannabis es grande, es necesario contar con voluntad política para que las autoridades y reguladores promuevan leyes y regulaciones que garanticen un piso parejo para que tanto las empresas y los pacientes conozcan sus derechos y obligaciones, en segunda instancia es necesario que los jugadores de la industria tengan una mayor participación dentro de las acciones de política pública con el fin de garantizar su rol dentro de toda la cadena y entender los controles a los que se verán obligados cuando exista una regulación, pero sobre todo el asegurar que todos los actores desde empresas, pacientes, profesionales de la salud y autoridades reconozcan la importancia de promover el acceso a productos que han demostrado científicamente su eficacia en el tratamiento de múltiples padecimientos neurodegenerativos.