Seguridad pública en México: entre la impunidad estructural y el crimen organizado diversificado

Emmanuel Yuriko Salas Yañez

Docente universitario, escritor, conferencista, experto en temas de penitenciarismo y derecho penal.

La seguridad pública en México es, desde hace décadas, uno de los principales retos del Estado, pues en realidad no se trata solo de la existencia de delitos, sino de la dificultad estructural para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos de manera efectiva, respetando derechos humanos y generando confianza ciudadana. Más que un problema aislado de “delincuencia”, el problema en referencia acude a un entramado complejo donde confluyen factores socioeconómicos, impunidad y transformaciones del crimen organizado. A continuación se abordan algunas de las principales dificultades que obstaculizan el logro de una seguridad pública efectiva en el país.

En los últimos años, se han mantenido tasas de homicidio doloso cercanas a 25 homicidios por cada 100 mil habitantes y más de 26 mil asesinatos al año, lo que refleja un escenario de violencia persistente pese a ligeras reducciones estadísticas.[1]  Puede intuirse ya que más que un problema aislado de “delincuencia”, hablamos de un entramado complejo donde confluyen instituciones débiles, factores socioeconómicos, corrupción, impunidad y transformaciones del crimen organizado. A continuación se revisan algunas de sus causas.

Una primera dificultad radica en la propia configuración institucional del sistema de seguridad. En México conviven policías municipales, estatales, fiscalías locales, instituciones federales (Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República), cada una con competencias distintas, capacidades desiguales y niveles muy variables de profesionalización.

Esta pluralidad, que en teoría podría ser una fortaleza, en la práctica se traduce en:

• Dificultades en la coordinación operativa, que se traduce en deficiencias al compartir información o su realización tardía o deficiente.
• Duplicidad de funciones: varias autoridades actuando sobre los mismos fenómenos sin lograr una estrategia unificada.
• Vacíos de responsabilidad: zonas o delitos donde nadie asume plenamente la conducción de la política de seguridad.

Cierto es que la reforma penal de corte acusatorio (2008) buscó fortalecer la investigación profesional del delito, pero en la práctica subsisten inercias del modelo anterior: investigaciones débiles, enfoque reactivo y deficiente articulación entre policía, ministerio público y peritos. Esta debilidad institucional genera un círculo vicioso, que transita hacia la no resolución adecuada de los delitos, con lo que por otro lado se alimenta la sensación de impunidad y desconfianza en la autoridad.

La impunidad constituye otro núcleo duro que dificulta el logro de la seguridad pública. Distintos diagnósticos sobre el sistema de justicia han señalado que una proporción muy baja de los delitos que se cometen llega efectivamente a una sentencia condenatoria, mientras que la llamada “cifra negra” —delitos que no se denuncian o que no derivan en una carpeta de investigación— supera el 90 % en diversos años de medición.[2] Muchas personas optan por no denunciar porque consideran que es una pérdida de tiempo, porque desconfían de la autoridad o porque temen represalias y cuando la experiencia cotidiana confirma que denunciar no trae soluciones y que las instituciones son lentas, opacas o corruptas, se envía un mensaje contundente: delinquir es de bajo riesgo. Esa sensación de impunidad no es un fenómeno abstracto, sino que se alimenta de historias concretas de expedientes archivados, carpetas sin investigación, casos que prescriben y víctimas que no encuentran respuesta. La corrupción, por su parte, se expresa tanto en prácticas “menores”, como sobornos cotidianos para evitar una multa o alterar un reporte, como en esquemas más complejos de colusión de funcionarios con grupos criminales, desvío de recursos o protección institucional a ciertas organizaciones.[3]

El panorama se complica aún más si se considera la transformación del crimen organizado, de tal manera que lejos de ser estructuras dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas, muchas organizaciones criminales se han convertido en verdaderas empresas ilícitas diversificadas, que combinan narcotráfico con extorsión, secuestro, trata de personas, robo de combustible, tráfico de armas, contrabando y control de actividades económicas legales mediante cobro de piso y otras formas de “tributación” paralela.[4] Estas organizaciones buscan el dominio territorial de municipios, corredores carreteros, puertos, cruces fronterizos y zonas urbanas estratégicas, asimismo las disputas entre grupos rivales por el control de dichos territorios se traducen en homicidios, desapariciones, amenazas y desplazamientos internos. Al mismo tiempo, la extorsión sistemática a comerciantes, transportistas y pequeños empresarios convierte la violencia en un mecanismo de recaudación que impacta la economía local, desalienta la inversión y genera un clima de miedo permanente.

Frente a estas dinámicas, el Estado mexicano ha ensayado diferentes respuestas: operaciones militares, creación de nuevas corporaciones, reformas legales y programas de prevención social. No obstante, existen múltiples retos para la aplicación de una política de seguridad de Estado, que vaya más allá de coyunturas sexenales. Cada administración tiende a redefinir el discurso, y lanzar nuevas estrategias (en la actualidad, por ejemplo, privilegiando actividades de inteligencia).

Desde otra perspectiva, las condiciones socioeconómicas y las profundas desigualdades también dificultan la construcción de seguridad, es totalmente observable que México enfrenta altos niveles de pobreza, marginación y desigualdad, lo que significa que amplios sectores de la población carecen de acceso estable a servicios de calidad, oportunidades educativas significativas y empleos formales bien remunerados.[5] En esas condiciones, particularmente en zonas urbanas periféricas y comunidades rurales con escasa presencia institucional, el reclutamiento por parte de organizaciones criminales resulta más sencillo. El asunto es que para muchos jóvenes, las ofertas del crimen organizado (ingresos relativamente altos en el corto plazo, sentido de pertenencia, posibilidad de ascenso dentro de una estructura) aparecen como alternativas más tangibles que las rutas legales, a pesar del riesgo inherente. Además, cuando el Estado está ausente o es percibido como distante, actores armados llenan el vacío ofreciendo “protección”, apoyos económicos puntuales o gestión de conflictos locales, construyendo cierto tipo de legitimidad basada en el miedo y en beneficios selectivos.

La cultura de la legalidad y la relación entre ciudadanía y Estado constituyen otro componente clave de las dificultades en materia de seguridad. Las encuestas sobre percepción de seguridad han mostrado que un porcentaje muy alto de personas considera insegura la ciudad donde vive, al tiempo que mantiene bajos niveles de confianza en policías municipales y estatales, así como en ministerios públicos y sistemas de justicia locales.[6] Paradójicamente, la confianza relativa suele ser mayor en las Fuerzas Armadas, lo que ha justificado su intervención en tareas de seguridad pública, pero también ha alimentado la discusión sobre los límites de la militarización y la necesidad de mantener el control civil. La desconfianza ciudadana se nutre de experiencias de abuso policial, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y casos de tortura o fabricación de culpables documentados por organismos como Human Rights Watch.[7] Cuando el ciudadano teme tanto ser víctima de la delincuencia como de la propia autoridad, se rompe el tejido básico de cooperación imprescindible para construir seguridad: la denuncia, el testimonio, la participación comunitaria y la coordinación con instituciones se vuelven menos probables.

A ello se agregan las condiciones laborales y profesionales de las corporaciones policiales, son diversos los estudios han evidenciado que muchos agentes enfrentan salarios bajos, jornadas extenuantes, falta de prestaciones, equipos insuficientes y apoyo limitado en caso de lesión o muerte en servicio.[8] En ese contexto, la corrupción puede percibirse como una forma de compensación informal o de sobrevivencia, y el compromiso con el servicio público se debilita. Aunque se han impulsado controles de confianza, academias policiales y modelos de profesionalización, la cobertura sigue siendo desigual. La dimensión tecnológica e informativa también plantea obstáculos relevantes.

Finalmente, el equilibrio entre eficacia en seguridad y respeto a los derechos humanos se mantiene como una tensión constante. En suma, las dificultades para el logro de la seguridad pública en México obedecen a un entramado complejo en el que se entrecruzan instituciones fragmentadas y, en muchos casos, débiles; impunidad arraigada; crimen organizado diversificado y territorializado; profundas desigualdades socioeconómicas; desconfianza ciudadana y una cultura de legalidad precaria; rezagos en profesionalización policial, desarrollo tecnológico e inteligencia, así como tensiones permanentes entre seguridad y derechos humanos. Superar este panorama exige concebir la seguridad no solo como “combate al delito”, sino como una auténtica política de Estado de largo plazo que articule prevención social, fortalecimiento institucional, combate estratégico a las estructuras criminales, respeto irrestricto a los derechos humanos y participación ciudadana informada.

[1] Human Rights Watch. (2025). World Report 2025: Mexico. Human Rights Watch. https://www.hrw.org/world-report/2025/country-chapters/mexico

[2] INEGI (2024). Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

[3] Ortiz, H. (2021). Impunidad, corrupción y derechos humanos. Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales.

[4] Jones, N. P. (2019). Criminal cartels, fuel theft, and violence in Mexico. Journal of Strategic Security, 12(4).

[5] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024.

[6] INEGI (2024). Op. Cit.

[7] Human Rights Watch. (2024. Op. Cit.

[8] Causa en Común. (2020). Turnos de la policía en México: perspectivas sobre las condiciones laborales en las fuerzas policiales mexicanas. En: https://causaencomun.org.mx/beta/wp-content/uploads/2020/08/200820_Police-Shifts-in-Mexico.pdf?utm_source=chatgpt.com