LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTE LA DESGLOBALIZACIÓN Y LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ANTE LA DESGLOBALIZACIÓN Y LOS CONFLICTOS CONTEMPORÁNEOS: SOBERANÍA, RESILIENCIA Y GOBERNANZA DE LOS RECURSOS ESPACIALES

Fernando Iván Ramos de Alba

Doctorante, experto en Administración Pública. Conferencista, investigador y escritor.

Introducción

Desde la crisis financiera de 2008, la pandemia de COVID-19, la invasión rusa de Ucrania y la intensificación de las rivalidades entre grandes potencias, la globalización ha perdido la apariencia de un proceso lineal e irreversible. Sin embargo, la evidencia disponible tampoco permite afirmar que el comercio y la cooperación transfronteriza estén desapareciendo. Goldberg y Reed advierten que el fenómeno es desigual: algunas formas de integración se estancan, mientras otras se reorientan por razones políticas y estratégicas.^[1] Van Bergeijk sostiene, desde una perspectiva histórica, que la economía mundial ha mostrado mayor resiliencia frente a los impulsos desglobalizadores, aunque aumenten los costos de la apertura y las dificultades para sostener bienes públicos globales.^[2]

Este contexto obliga a revisar el papel de la administración pública. Las dependencias estatales ya no pueden limitarse a ejecutar programas domésticos dentro de fronteras relativamente estables. Deben anticipar disrupciones logísticas, evaluar dependencias críticas, coordinar sanciones, administrar reservas, proteger infraestructura, regular tecnologías y participar en negociaciones internacionales. La OCDE ha señalado que los gobiernos operan en un entorno marcado por restricciones fiscales, cambios tecnológicos y demandas de seguridad, lo que exige capacidades institucionales, datos confiables y enfoques integrales de gobierno.^[3]

1. Desglobalización selectiva y nuevas funciones del estado

La desglobalización contemporánea debe entenderse como una fragmentación selectiva. Los Estados no abandonan todos los intercambios; distinguen entre sectores ordinarios y sectores considerados estratégicos. Semiconductores, energía, minerales críticos, alimentos, medicamentos, infraestructura digital y defensa reciben controles especiales, subsidios, reglas de contenido nacional o restricciones a la inversión. En consecuencia, la eficiencia económica deja de ser el único criterio de política pública y comparte espacio con la continuidad operativa, la seguridad nacional y la autonomía tecnológica.

Esta transformación amplía las funciones administrativas. Los ministerios de economía deben identificar vulnerabilidades productivas; las autoridades aduaneras implementan regímenes arancelarios complejos; las agencias de competencia vigilan concentraciones en mercados esenciales; las áreas de protección civil elaboran planes para interrupciones energéticas; y las oficinas de compras públicas deben equilibrar precio, origen, seguridad y capacidad de suministro. Khan ha mostrado que la globalización ya exigía coordinación entre instituciones públicas, empresas y actores sociales; la fragmentación actual hace esa coordinación todavía más necesaria, porque las decisiones sectoriales producen efectos simultáneos en empleo, precios, seguridad y relaciones exteriores.^[4]

El riesgo consiste en convertir la soberanía en una justificación para el aislamiento o la discrecionalidad. Una política de resiliencia responsable requiere diagnósticos verificables, evaluación de costos y controles democráticos. No toda importación genera dependencia peligrosa ni toda producción nacional garantiza seguridad. La administración debe diferenciar entre diversificar proveedores, mantener inventarios, crear capacidades propias y cerrar mercados. La respuesta adecuada será distinta según el bien, la probabilidad de interrupción y el costo social de la medida.

2. Instrumentos económicos y conflictos contemporáneos

Los conflictos recientes muestran que los instrumentos económicos forman parte de la estrategia de seguridad. Aranceles, sanciones financieras, restricciones tecnológicas y controles de exportación pueden perseguir objetivos que antes correspondían principalmente a la diplomacia o a la defensa. En abril de 2026, el presidente Donald Trump amenazó con imponer aranceles de 50 por ciento a los países que suministraran armamento a Irán. La medida fue anunciada después de un alto al fuego temporal y estuvo rodeada de dudas sobre la autoridad jurídica disponible para aplicarla.^[5] El episodio resulta relevante porque muestra cómo una declaración comercial puede exigir acciones inmediatas de aduanas, comercio, tesoro, inteligencia y relaciones exteriores.

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán también evidenció la conexión entre conflicto militar y administración económica. Tras los ataques iniciados el 28 de febrero de 2026 y el anuncio iraní de restricciones a la navegación en el estrecho de Ormuz, empresas petroleras y navieras suspendieron o redujeron operaciones. Por esa ruta circulaba aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, por lo que la interrupción obligó a gobiernos y empresas a revisar reservas, rutas y planes de contingencia.^[6] Una burocracia preparada debe transformar información geopolítica en decisiones sobre energía, transporte, inflación, protección consular y continuidad de servicios esenciales.

No obstante, la utilización de instrumentos económicos plantea límites jurídicos y administrativos. Las medidas coercitivas pueden elevar precios internos, afectar a terceros países y producir incentivos para crear redes comerciales alternativas. También generan problemas de coordinación, porque una sanción efectiva requiere definiciones precisas, mecanismos de cumplimiento, excepciones humanitarias y evaluación periódica. La administración pública deja de ser un ejecutor neutral: se convierte en el espacio institucional donde se traducen objetivos geopolíticos en actos regulatorios con consecuencias para personas y empresas.

3. México y América Latina ante la fragmentación

Para México y América Latina, la reconfiguración global ofrece oportunidades y riesgos. La cercanía con el mercado estadounidense, la relocalización productiva y la disponibilidad de recursos pueden atraer inversiones. Pero una estrategia basada únicamente en ventajas geográficas reproduciría dependencias. Se requieren infraestructura, energía confiable, capacitación, certeza regulatoria, innovación y coordinación entre niveles de gobierno.

La administración mexicana debería desarrollar mapas de dependencias críticas, protocolos de respuesta y sistemas de información que integren comercio, energía, salud, seguridad y ciencia. También necesita fortalecer el servicio profesional, pues la inteligencia estratégica no puede depender exclusivamente de coyunturas políticas. La diplomacia económica debe diversificar relaciones sin desconocer la profundidad de la integración norteamericana. La autonomía posible no consiste en colocarse a igual distancia de todas las potencias, sino en preservar márgenes de decisión mediante capacidades nacionales y cooperación selectiva. Además, la política industrial debe incorporar evaluaciones de riesgo, metas verificables y mecanismos de revisión para evitar subsidios permanentes, capturas regulatorias o proyectos sin viabilidad.

4. Recursos espaciales y gobernanza pública emergente

La competencia por los recursos espaciales amplía estas tensiones. La presencia de hielo de agua en las regiones polares de la Luna tiene importancia científica y operativa: el recurso podría contribuir al soporte vital y, mediante su separación en hidrógeno y oxígeno, a la producción de combustible. La misión china Chang’e-7 fue diseñada para estudiar el polo sur lunar y mejorar la detección de agua congelada, lo que confirma que la cuestión ya forma parte de programas estatales concretos.^[7]

El problema no es únicamente tecnológico. El Tratado del Espacio Ultraterrestre establece que la exploración debe realizarse en beneficio de todos los países y prohíbe la apropiación nacional de la Luna y otros cuerpos celestes.^[8] Sin embargo, no resuelve con detalle cómo deben extraerse, utilizarse o distribuirse los recursos. Los Acuerdos Artemis, promovidos por Estados Unidos desde 2020, sostienen que la utilización de recursos puede ser compatible con el tratado y proponen transparencia, coordinación y zonas de seguridad para evitar interferencia.^[9] Aunque son instrumentos no vinculantes, influyen en la formación de prácticas y expectativas regulatorias.

Para la administración pública, la gobernanza espacial exige capacidades que hoy suelen encontrarse dispersas: derecho internacional, ciencia, telecomunicaciones, defensa, regulación empresarial y diplomacia. Los Estados con menor capacidad tecnológica también tienen intereses en juego, porque las reglas iniciales pueden determinar el acceso futuro a recursos y datos. México no necesita reproducir los presupuestos de las potencias, pero sí formar especialistas, participar en foros multilaterales y vincular universidades, agencias públicas y sector productivo.

CONCLUSIONES

La desglobalización contemporánea no elimina la interdependencia; la somete a criterios de seguridad, poder y resiliencia. La administración pública se encuentra en el centro de esta reconfiguración porque debe convertir decisiones geopolíticas en políticas comerciales, energéticas, industriales, científicas y regulatorias. Los conflictos de 2026 muestran que una medida arancelaria o una interrupción marítima puede modificar en horas las prioridades gubernamentales. La competencia por el agua lunar revela, además, que la soberanía y la gobernanza ya se discuten fuera del territorio terrestre. Frente a ello, México y América Latina necesitan administraciones capaces de anticipar riesgos, diversificar dependencias y participar en la elaboración de reglas.

^[1] Pinelopi K. Goldberg and Tristan Reed, “Is the Global Economy Deglobalizing? If So, Why? And What Is Next?,” Brookings Papers on Economic Activity (Spring 2023): 347–396;

^[2] Peter A. G. Van Bergeijk, “Deglobalization and Resilience: A Historical Perspective,” Critical Sociology 51, nos. 4–5 (2025): 849–865.

^[3] Organisation for Economic Co-operation and Development, Government at a Glance 2025 (Paris: OECD Publishing, 2025).

^[4] Haroon A. Khan, Globalization and the Challenges of Public Administration: Governance, Human Resources Management, Leadership, Ethics, E-Governance and Sustainability in the 21st Century (Cham: Palgrave Macmillan, 2018).

^[5] Reuters, “Trump Threatens 50% Tariffs on Countries Supplying Iran with Weapons,” April 8, 2026.

^[6] Reuters, “Oil and Gas Majors and Traders Suspend Shipments via Hormuz, Sources Say,” February 28, 2026

^[7] Yingzhuo Jia et al., “Research of Lunar Water-Ice and Exploration for China’s Future Lunar Water-Ice Exploration,” Space: Science & Technology 3 (2023).

^[8] United Nations Office for Outer Space Affairs, Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, arts. I–II, adopted December 19, 1966.

^[9] National Aeronautics and Space Administration, “Artemis Accords: Principles for a Safe, Peaceful, and Prosperous Future in Space,” 2020.