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Zain Hamat Flores Cervantes
Coordinador General del Centro de Capacitación Integral en Materia de Seguridad CIMS. Abogado de profesión, con amplia trayectoria en materia de seguridad, desempeñó importantes funciones de cooperación policial internacional, búsqueda y detención de fugitivos de la justicia extranjera.
Quienes hemos realizado la función policial de campo, sabemos que la seguridad pública no se garantiza con discursos, ni con reformas redactadas entre paredes ajenas a la realidad operativa. Hoy, la función policial en México enfrenta una nueva tormenta: la llamada reforma judicial, promovida por el Ejecutivo federal y debatida en el Congreso, promete cambiar de raíz el funcionamiento del Poder Judicial. Y aunque en apariencia se habla de justicia “para el pueblo”, lo cierto es que muchas de estas medidas, como la elección popular de jueces y ministros podrían abrir la puerta a una justicia mediática, volátil y subordinada a la oscilación política.
Mientras en las calles se sigue lidiando con violencia creciente, criminalidad organizada y un sistema penal ya de por sí frágil, ahora es una exigencia para la policía, adaptarse a un escenario judicial incierto, donde la técnica puede ceder ante la simpatía electoral, y la ley quedar subordinada a la popularidad. Y hay que señalar con firmeza, como es; las policías municipales, estatales y federales no pueden permanecer ajenas a esta discusión. La reforma no es solo un asunto de jueces y abogados: toca directamente la labor policial, el margen de acción, la seguridad jurídica y, por si fuera poco, la credibilidad ante la sociedad.
Hay que dejar en claro una verdad incómoda: la policía en México ha sido, durante décadas, la primera en recibir las exigencias del sistema, pero la última en recibir sus garantías. Son el primer respondiente, auxiliares del Ministerio Público, responsables de preservar la escena del crimen, cuidar los derechos del detenido, documentar debidamente, todo esto mientras intenta sobrevivir con recursos limitados, formación carente y a menudo con nula capacitación.
En este contexto, urge poner sobre la mesa los riesgos que esta reforma implica para la función policial y los retos que debe asumir, si es que quiere seguir cumpliendo esta labor con profesionalismo, legalidad y respeto a los derechos humanos, incluso cuando el sistema que debería respaldar la deontología policial, parece tambalearse.
Y aquí enumero algunos puntos que considero, son un riesgo para la función policial.
- Justicia impredecible y operatividad en riesgo. Si las decisiones judiciales empiezan a depender de la presión mediática o de intereses políticos, los policías quedarán atrapados en un juego donde su actuar estará a merced de intereses ajenos al caso.
- Fragmentación institucional y caos operativo.
La coordinación entre policías, fiscales y jueces ya es complicada. Con una reforma que favorece la desprofesionalización, esta coordinación puede romperse del todo. Un juez electo por simpatía política puede negar órdenes de cateo o detención con criterios populistas. Eso deja sin herramientas operativas y, peor aún, exponen a la policía a responsabilidades penales y administrativas.
- Mayor vulnerabilidad frente a la criminalidad organizada.
El crimen no espera. Mientras se discuten reformas y se reconfigura el sistema judicial, los grupos criminales aprovechan cada debilidad. Una policía sin respaldo jurídico sólido es una presa fácil. Y si las decisiones judiciales favorecen a quienes tienen poder e influencia, la policía queda sola frente al riesgo.
- Mayor presión social, menor legitimidad institucional.
La ciudadanía exige resultados, pero la reforma genera desconfianza. Si el sistema judicial pierde credibilidad, la policía también. Y si los jueces empiezan a liberar a delincuentes por criterios no técnicos, ¿a quién culpará la sociedad? A la policía, como siempre.
Dicho lo anterior, queda en el tintero que la policía tiene retos no menores; ahora más que nunca, los cuerpos policiales deben capacitarse en derecho penal, derechos humanos, técnica de la función y principios del sistema acusatorio. Se debe apostar por la tecnología, donde la evidencia técnica será el mejor argumento, los informes científicos, peritajes bien elaborados y documentación impecable marcarán la diferencia entre la impunidad y la justicia.
“La reforma puede fallar, pero la policía no puede darse ese lujo”
La policía mexicana (como institución) está acostumbrada a resistir. Ha enfrentado recortes, desconfianza, violencia y abandono institucional. Pero lo que hoy se discute en el Congreso va más allá de una reforma: puede ser el punto de quiebre entre un sistema funcional o un caos disfrazado de democracia.
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