El caso que marcó mi camino hacia el derecho digital

El Dr. Mario Anselmo Gómez Sánchez es abogado con área de práctica en derecho digital, protección de datos personales, ciberseguridad y negociador empresarial. Es Catedrático, investigador y consultor, con amplia experiencia en la intersección entre el derecho y las tecnologías de la información.

Mi acercamiento al derecho informático no comenzó en un aula ni con un libro. Comenzó con un caso que transformó mi manera de entender el ejercicio de la profesión jurídica y que, con el paso del tiempo, definiría mi vocación.

Uno de los primeros asuntos relevantes que tuve la oportunidad de conocer durante mi etapa en la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México marcó definitivamente mi carrera profesional. Un empresario, a quien llamaré el señor Maya para preservar su identidad, solicitó hablar conmigo. Su familia, de origen español, llevaba más de cien años siendo socia de la Cámara y había construido una empresa sólida dedicada a la fabricación de troqueles.

Al saludarme, pronunció una frase que jamás olvidaré:

—Mario, me hicieron brujería. Voy a cerrar la empresa.

Detrás de esa expresión había una profunda preocupación. Me explicó que, en apenas dos días, habían renunciado su contador, el hijo de este —quien fungía como ingeniero de la empresa—, los vendedores y parte del personal del almacén. Lo más extraño era que, desde entonces, sus clientes habituales habían dejado de realizar pedidos.

Regresé a la Cámara para informar lo sucedido. La instrucción fue clara: había que hacer todo lo posible para evitar que una empresa con más de un siglo de historia desapareciera. Incluso se contempló la posibilidad de brindarle apoyo financiero mientras superaba la crisis.

Sin embargo, algo no encajaba. Personas que habían trabajado durante décadas, algunas incluso por generaciones, difícilmente abandonan una empresa de manera simultánea sin una causa de fondo.

Decidí localizar al contador. Una mañana lo seguí discretamente y observé que ingresaba a una vecindad ubicada a pocas calles de la empresa. Entré detrás de él y encontré algo que confirmó mis sospechas.

Ahí estaban el ingeniero, los vendedores y varios trabajadores que conocía desde hacía años. Habían instalado un negocio prácticamente idéntico, utilizando un nombre muy similar al de la empresa original.

Conforme avanzó la investigación, descubrimos que se habían llevado la cartera de clientes, conocían perfectamente las condiciones comerciales negociadas durante años, ofrecían mejores precios y mayores plazos de pago, mantenían relación con los mismos proveedores y aprovechaban toda la información obtenida durante su relación laboral.

El hallazgo más revelador fue descubrir que la página de internet de la empresa había dejado de funcionar porque el nombre de dominio había sido registrado por el ingeniero a título personal y no a nombre de la empresa.

En ese momento comprendí que el conflicto trascendía una simple competencia comercial.

Es importante contextualizar este caso. Ocurrió varios años antes de la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. En ese momento México aún no contaba con un marco jurídico especializado para regular la protección de los datos personales en el sector privado. Sin embargo, los hechos ya evidenciaban la necesidad de proteger jurídicamente la información de las empresas, la identidad comercial, los nombres de dominio, la propiedad intelectual y otros activos intangibles que comenzaban a adquirir un enorme valor con el crecimiento de las tecnologías de la información.

Visto con la perspectiva actual, aquel asunto involucraba diversas figuras jurídicas: apropiación de información empresarial, posibles secretos comerciales, propiedad intelectual, nombres de dominio, competencia desleal, abuso de confianza y eventuales responsabilidades laborales e incluso penales. Hoy, además, el análisis necesariamente incluiría la protección de datos personales y la ciberseguridad como elementos esenciales para la gestión de riesgos de cualquier organización.

Expuse al señor Maya las distintas alternativas legales para proteger a su empresa y recuperar su posición en el mercado. Sin embargo, me pidió esperar hasta el lunes siguiente.

Ese día me invitó a comer y, para mi sorpresa, me recibió acompañado del contador y del ingeniero.

Habían regresado.

Con lágrimas en los ojos le pidieron perdón. El señor Maya los conocía desde niños y decidió otorgarles una segunda oportunidad.

Nunca olvidaré sus palabras:

—Son como mi familia.

Finalmente, la empresa continuó operando y logró superar aquella crisis sin necesidad de iniciar un litigio.

Con el paso de los años comprendí que el mayor aprendizaje de ese caso no radicó únicamente en las acciones legales que pudieron ejercerse, sino en haber sido testigo de cómo la realidad iba mucho más rápido que el derecho. Muchos de los problemas que enfrentábamos en la práctica profesional existían antes de que el legislador diseñara normas específicas para atenderlos.

Aquella experiencia despertó mi interés por estudiar los nombres de dominio, la propiedad intelectual y, posteriormente, la protección de datos personales, la ciberseguridad y el derecho digital. Lo que comenzó como un asunto empresarial terminó convirtiéndose en el punto de partida de mi desarrollo profesional.

Hoy, después de más de dos décadas dedicado al estudio y ejercicio del derecho digital, sigo recordando ese caso como el momento en que entendí que los activos más valiosos de una organización no siempre son sus instalaciones, su maquinaria o su capital. En muchas ocasiones, su verdadero patrimonio reside en su información, su reputación, su propiedad intelectual y los datos que administra.

La transformación digital ha cambiado la forma de hacer negocios y también la manera en que surgen los riesgos jurídicos. Proteger esos activos ya no constituye únicamente una buena práctica empresarial; representa una necesidad estratégica para cualquier organización y un desafío permanente para quienes ejercemos el derecho. Sin saberlo, aquel fue mi primer gran encuentro con el derecho digital y el inicio de una trayectoria profesional que continúa hasta hoy.