Wilbertt Andrade Dorantes
Doctorante. Escritor e investigador. Experto en Mercadotecnia digital, así como en Derecho del mar.
México es una nación bioceánica con una escala marítima excepcional. La Secretaría de Marina señala que el país cuenta con 11,122 kilómetros de litoral, 4,111 cuerpos insulares y una Zona Económica Exclusiva de 3,269,686 kilómetros cuadrados, extensión que supera en 1.7 veces al territorio continental e insular nacional (Secretaría de Marina [SEMAR], 2025). Esta realidad no es menor. Significa que una parte decisiva del porvenir económico, ambiental y geopolítico de México se encuentra en sus mares, costas, islas, puertos y rutas de navegación.
El potencial marítimo mexicano deriva, en primer término, de su ubicación geográfica. El país se abre al océano Pacífico, al golfo de México y al mar Caribe, lo que le concede una posición privilegiada entre América del Norte, Centroamérica, la cuenca atlántica y la región Asia-Pacífico. INEGI ha destacado que, al sumar el territorio continental y la zona económica exclusiva, México rebasa los cinco millones de kilómetros cuadrados de extensión total, lo que muestra que su proyección territorial no puede entenderse sin el componente marino (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020). En consecuencia, el mar no es un borde periférico del Estado mexicano, sino una plataforma estratégica para la seguridad, el comercio, la investigación científica, la soberanía alimentaria y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
Desde el ángulo económico, el sistema portuario constituye una de las expresiones más visibles de ese potencial. De acuerdo con información oficial de Proyectos México, el país tiene conectividad con 63 países mediante 316 puertos y recibe 145 líneas navieras regulares, de las cuales 124 son de altura y 21 de cabotaje. Esa misma fuente señala que, en el tercer trimestre de 2024, México ocupó el lugar 28 a nivel internacional y el tercero en América Latina en el índice de conectividad marítima. Tales datos indican que la inserción marítima de México ya no puede verse sólo como infraestructura de apoyo, sino como un factor central de competitividad internacional (Proyectos México, 2025).
La relevancia de los puertos mexicanos no se reduce al tránsito de mercancías. En realidad, los puertos articulan cadenas logísticas, corredores ferroviarios, servicios aduanales, energía, industria manufacturera y empleo regional. La SEMAR sostiene que una administración marítima articulada mejora la eficiencia de la infraestructura multimodal —carretera, ferroviaria, portuaria y aeroportuaria—, reduce costos logísticos y facilita el comercio nacional e internacional (SEMAR, 2025). Esta observación es crucial: el potencial marítimo no depende únicamente del número de puertos o de su calado, sino de su conexión inteligente con el resto de la economía. Un puerto aislado es un punto de paso; un puerto intermodal bien integrado puede convertirse en un motor de desarrollo regional y nacional. Por ello, el futuro marítimo de México está ligado a la modernización portuaria, a la digitalización de trámites, a la seguridad de las cadenas logísticas y a la conectividad ferroviaria y carretera de última milla.
Otro componente esencial del potencial marítimo mexicano es la pesca y la acuacultura. El mar representa una fuente de alimento, empleo y valor agregado para miles de comunidades costeras. La CONAPESCA informó que en 2023 México produjo más de 1.9 millones de toneladas de especies pesqueras y acuícolas, con un valor superior a 42,100 millones de pesos (Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca [CONAPESCA], 2024). Estas cifras muestran que el sector marino-alimentario tiene un peso económico concreto y, más aún, una capacidad de expansión relevante en un contexto global donde la seguridad alimentaria y la producción sostenible de proteína son asuntos estratégicos. La acuacultura, en particular, posee un margen importante de crecimiento si se fortalece la investigación aplicada, la sanidad, la trazabilidad y la infraestructura productiva.
No obstante, el aprovechamiento pesquero no puede desvincularse de la sostenibilidad. La propia SEMAR reconoce que persisten problemas como la informalidad en el transporte marítimo y la pesca, la falta de trazabilidad de embarcaciones y la presencia de actividades ilícitas, además de que identifica avances todavía insuficientes frente a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (SEMAR, 2025). Esto significa que el potencial marítimo mexicano no se realizará plenamente mientras no exista una gobernanza eficaz del recurso pesquero. En otros términos, el mar puede ser una gran fuente de riqueza, pero sólo bajo reglas claras, vigilancia efectiva, coordinación interinstitucional y aprovechamiento científico de los ecosistemas.
A lo anterior se suma el turismo marino-costero, uno de los ámbitos con mayor visibilidad pública y derrama económica. La Secretaría de Turismo ha ubicado el turismo marino y costero dentro de la discusión contemporánea sobre economía azul y subraya que su viabilidad depende de la salud del océano y de la sostenibilidad de los ecosistemas (Secretaría de Turismo [SECTUR], 2024). Para México, esta dimensión es particularmente importante porque varios de sus principales destinos internacionales y nacionales —del Caribe mexicano al Pacífico— se apoyan precisamente en playas, arrecifes, mares, manglares, navegación, cruceros y actividades recreativas asociadas al agua. Por ello, el potencial turístico del mar mexicano no debe medirse sólo por el flujo de visitantes, sino por la posibilidad de construir modelos de turismo menos extractivos, con mayor valor local, mejor distribución de beneficios y menor deterioro ambiental.
La dimensión ambiental es, de hecho, una condición estructural del potencial marítimo. No existe desarrollo marítimo duradero sin protección del capital natural marino. La CONANP reporta que las 232 Áreas Naturales Protegidas federales del país suman 98,000,719 hectáreas, de las cuales 74,904,155 corresponden a superficie marina; ello representa 23.78% de la superficie marina del territorio nacional (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas [CONANP], 2026). Esta cifra revela que México ya posee una base institucional importante para proteger ecosistemas estratégicos, pero también confirma que el reto es enorme: no basta con decretar áreas protegidas, es indispensable manejarlas, financiarlas, vigilarlas y vincularlas con esquemas productivos responsables. La protección de arrecifes, manglares, islas, zonas de anidación y mar profundo no es un lujo ecológico; es una inversión de largo plazo en pesca, turismo, resiliencia climática y soberanía ambiental.
En este punto aparece una idea decisiva: el potencial marítimo de México no es exclusivamente económico, sino también político y geoestratégico. La SEMAR afirma que la Política Nacional Marítima plantea una hoja de ruta hacia 2045 en la que México se proyecta como una “potencia marítima emergente”, con industria naval moderna, marina mercante competitiva y gobernanza sustentada en la corresponsabilidad entre sectores, instituciones y comunidades (SEMAR, 2025). Ese lenguaje sugiere una reorientación del Estado mexicano hacia una visión integral del mar: comercio, puertos, astilleros, seguridad, protección ambiental, ciencia, conectividad y desarrollo social costero como partes de una misma agenda. El mar, así entendido, deja de ser un asunto sectorial y se vuelve un eje de Estado.
Además, la propia SEMAR advierte que una gobernanza integrada del espacio marítimo puede elevar la calidad de vida de las comunidades ribereñas, fomentar el turismo responsable, proteger los ecosistemas y generar oportunidades de empleo. También identifica como desafíos la limitada modernización del sistema portuario, la dispersión de funciones administrativas y la necesidad de digitalizar trámites, profesionalizar personal y armonizar la regulación con estándares internacionales (SEMAR, 2025). Esta evaluación es valiosa porque muestra que el potencial marítimo existe, pero no se activa automáticamente, sino que requiere una política pública sostenida, inversión, derecho marítimo eficaz, capacidades tecnológicas y coordinación real entre federación, estados, municipios, puertos, empresas, academia y comunidades.
En perspectiva, México posee al menos cinco grandes vectores de potencial marítimo: uno geográfico, por su posición bioceánica; uno logístico, por su red portuaria y conectividad internacional; uno alimentario, por la pesca y la acuacultura; uno turístico, por sus litorales y destinos costeros; y uno ambiental-estratégico, por la magnitud de sus ecosistemas marinos y su importancia para la soberanía y la seguridad nacional. El problema histórico no ha sido la ausencia de recursos, sino la insuficiencia de una cultura marítima de Estado que piense el mar como centro del desarrollo nacional y no como margen administrativo. En buena medida, el siglo XXI puede ser para México el siglo de su consolidación marítima, siempre que logre articular crecimiento, legalidad y sostenibilidad.
En conclusión, el potencial marítimo en México es vasto, real y multidimensional. No se agota en los puertos ni en el turismo de playa, sino que comprende soberanía territorial, seguridad alimentaria, desarrollo logístico, conservación ambiental, energía, innovación y bienestar de comunidades costeras.
Referencias
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. (2024, 17 de enero). Produce México más de 1 millón 900 mil toneladas de especies pesqueras y acuícolas en 2023.
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. (2026). Áreas Naturales Protegidas decretadas: Numeralia.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2020). Extensión territorial de México.
Proyectos México. (2025). Puertos.
Secretaría de Marina. (2025). Programa Sectorial de Marina 2025-2030.
Secretaría de Turismo. (2024). Estrategia de actividades turísticas sostenibles basadas en océanos 2023-2030.Principio del formulario














