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Emmanuel Pierre
Investigador, escritor, conferencista, experto en materia penal.
La no discriminación es uno de los principios más relevantes del Estado constitucional mexicano, constituyéndose en una obligación jurídica que condiciona la actuación del Estado, de las instituciones privadas y de la sociedad. Hablar de no discriminación exige ir más allá de la prohibición formal de tratar mal a una persona: implica analizar las estructuras que impiden su integración social plena. La integración social, en este sentido, no debe entenderse como asimilación forzada a una cultura dominante, sino como la construcción de condiciones para que todas las personas participen en igualdad de dignidad, derechos y oportunidades. El artículo 1º de la Constitución mexicana prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades. Esta cláusula constitucional tiene una importancia mayor: coloca la dignidad humana como límite frente a cualquier forma de exclusión y convierte la igualdad en un parámetro de validez de las políticas públicas, las leyes, los actos administrativos y las prácticas institucionales (Cámara de Diputados, 2025).
La discriminación como problema estructural
La discriminación no opera únicamente como acto individual de rechazo, insulto o trato diferenciado, en México tiene una dimensión estructural; se reproduce en instituciones educativas, espacios laborales, servicios de salud, sistemas de justicia, medios de comunicación, comunidades locales y estructuras económicas. Una persona puede ser discriminada no sólo porque alguien la agreda verbalmente, sino porque el sistema le dificulta entrar a la escuela, conseguir empleo, acceder a justicia, recibir atención médica, transitar por la ciudad, participar políticamente o ser tratada con respeto. Por ello, la no discriminación debe ser abordada como un problema de derechos humanos y de organización social.
La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación establece que su objeto es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación en los términos del artículo 1º constitucional, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. Esta ley resulta relevante porque no se limita a prohibir actos discriminatorios, también introduce conceptos como ajustes razonables, igualdad real de oportunidades y medidas orientadas a remover barreras que afectan a personas y grupos históricamente excluidos (Cámara de Diputados, 2026).
Evidencia social de la discriminación en México
La necesidad de combatir la discriminación no debe quedar en una mera abstracción. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 del INEGI permite observar la magnitud del problema, pues mide experiencias, percepciones y ámbitos en los que distintos grupos de la población enfrentan trato desigual. Según el comunicado de resultados de la ENADIS 2022, la encuesta presenta prevalencias de discriminación experimentadas en los doce meses previos al levantamiento, lo que permite identificar cómo la discriminación opera en la vida cotidiana y no sólo en casos excepcionales (INEGI, 2023). La ENADIS es importante porque evidencia que la discriminación afecta de manera particular a grupos históricamente vulnerados: personas indígenas, afrodescendientes, mujeres, personas con discapacidad, personas mayores, jóvenes, personas de la diversidad sexual, trabajadoras del hogar, personas migrantes y personas con determinadas condiciones de salud. Su valor no consiste únicamente en producir datos, sino en mostrar que la exclusión tiene patrones sociales reconocibles. En otras palabras, la discriminación no se distribuye de manera aleatoria: recae con mayor fuerza sobre quienes ya enfrentan desigualdad económica, cultural, territorial o institucional (INEGI, 2022).
Igualdad formal e igualdad sustantiva
Uno de los errores más frecuentes consiste en suponer que basta con declarar que todas las personas son iguales ante la ley, empero, la igualdad formal es indispensable, pero insuficiente. En las sociedades latinoamericanas han existido desigualdades históricas, y tratar exactamente igual a quienes se encuentran en condiciones profundamente desiguales puede reproducir la exclusión. Por ello, la no discriminación requiere igualdad sustantiva: políticas, medidas y condiciones que permitan que los derechos puedan ejercerse efectivamente. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que el principio de igualdad implica reconocer que todas las personas tienen los mismos derechos, pero también crear condiciones para que quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad puedan disfrutarlos realmente. Esta idea es central porque muestra que la igualdad no se agota en la neutralidad normativa; exige medidas activas, apoyos específicos, ajustes razonables y acciones afirmativas cuando sean necesarias (CNDH, 2019).
La integración social no debe confundirse con tolerancia pasiva. Tolerar significa permitir que alguien exista; integrar significa garantizar que participe con dignidad. México necesita pasar de un modelo de tolerancia limitada a un modelo de inclusión efectiva. Esto implica que las personas no sólo puedan estar presentes en la escuela, el trabajo, la comunidad o las instituciones, sino que puedan intervenir, decidir, aprender, producir, expresarse y acceder a bienes sociales sin ser reducidas a estereotipos. La integración social exige transformar barreras materiales y simbólicas. Las barreras materiales incluyen falta de rampas, transporte inaccesible, carencia de servicios, pobreza, distancia geográfica, precariedad laboral o ausencia de tecnologías de apoyo. Las barreras simbólicas incluyen prejuicios, racismo, clasismo, machismo, edadismo, homofobia, transfobia, capacitismo y desprecio hacia la diversidad cultural. Una política pública seria contra la discriminación debe atender ambos planos: no basta modificar leyes si las prácticas sociales continúan expulsando a las personas de los espacios comunes.
Pobreza, desigualdad y discriminación
La discriminación se agrava cuando se combina con pobreza y carencias sociales. En México, la medición de pobreza multidimensional 2024 reportó que 29.6 % de la población se encontraba en situación de pobreza; es decir, tres de cada diez personas no tenían garantizado al menos uno de sus derechos sociales —educación, salud, seguridad social, vivienda o alimentación— y, además, su ingreso era insuficiente para adquirir bienes y servicios necesarios (INEGI, 2025). Este dato es relevante porque muestra que la integración social no puede construirse sólo con campañas de sensibilización. Una persona discriminada por origen étnico, discapacidad, condición social o género enfrenta mayores obstáculos si además carece de ingreso suficiente, seguridad social, servicios de salud o educación de calidad. La no discriminación requiere, entonces, una política social robusta. No puede haber integración real si grandes sectores de la población permanecen excluidos de los mínimos materiales que permiten participar en la vida pública.
Educación, cultura y cambio social
La integración social requiere una transformación educativa, entendiendo que la escuela puede reproducir discriminación o combatirla. Puede normalizar mofas, exclusiones y jerarquías, o puede formar ciudadanía democrática, respeto a la diversidad y conciencia de derechos. En México, muchas formas de discriminación se aprenden desde edades tempranas: el color de piel, la lengua, el acento, el cuerpo, la discapacidad, la orientación sexual, la condición económica o el origen comunitario se convierten en motivos de burla o exclusión. Por ello, la educación para la igualdad debe formar parte de los contenidos escolares, de la capacitación docente y de la vida institucional. La cultura también importa. Las leyes pueden prohibir la discriminación, pero si los medios, las familias, los espacios laborales y las instituciones siguen reproduciendo estereotipos, el cambio será limitado.
Trabajo, justicia y espacios cotidianos
El ámbito laboral es uno de los espacios donde la no discriminación debe tener mayor fuerza. La exclusión en el empleo afecta el ingreso, la autonomía, la seguridad social y la posibilidad de construir proyectos de vida; las prácticas discriminatorias pueden aparecer en la contratación, los ascensos, los salarios, la asignación de tareas, la maternidad, la edad, la apariencia, la discapacidad o la orientación sexual. Por ello, las instituciones públicas y privadas deben contar con protocolos de prevención, mecanismos de denuncia, políticas de inclusión y criterios objetivos de evaluación. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y el marco constitucional obligan a pensar el trabajo desde la igualdad de oportunidades y de trato. La integración social exige que los centros laborales no sólo eviten discriminar, sino que construyan condiciones para que personas diversas puedan permanecer, desarrollarse y ascender. Esto supone accesibilidad, ajustes razonables, formación en derechos humanos, igualdad salarial, conciliación laboral y eliminación de prácticas de hostigamiento o exclusión (Cámara de Diputados, 2026).
Conclusión
La no discriminación es una exigencia constitucional, pero también una condición mínima de convivencia democrática. México debe aspirar a una sociedad justa, sin prácticas que discriminen a personas por su origen, género, edad, discapacidad, condición social, salud, religión, opiniones, orientación sexual, estado civil, lengua, apariencia o identidad. La integración social requiere leyes, instituciones, educación, políticas públicas y transformaciones culturales.
Fuentes:
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2019). El derecho a la no discriminación.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2022). Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022.
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2025). Comunicado de prensa: Pobreza multidimensional 2024.
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