El futuro de la investigación criminal: retos, innovación y perspectivas

Gonzalo Sánchez Betanzos | La investigación criminal en México (y ha de decirse que en el mundo) se encuentra en un punto de transición, en el que confluyen diversos factores sociales, políticos, tecnológicos y jurídicos. El país enfrenta problemas arraigados, como la violencia asociada al crimen organizado, la corrupción sistémica y la impunidad, los cuales son factores que minan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad y justicia. Al mismo tiempo, dado los avances tecnológicos, se presentan oportunidades únicas para la modernización de los cuerpos policiales y las agencias de procuración de justicia, agregándose además el fortalecimiento del marco legal y la profesionalización de los investigadores.

En primer lugar, es esencial subrayar que históricamente, la criminalística en México ha enfrentado algunas deficiencias, entre ellas destaca la precariedad de recursos en algunas de las fiscalías estatales y las fallas provenientes de la unificación de criterios y protocolos en la recolección y análisis de evidencias. Asimismo, el rezago tecnológico e institucional se observa tanto en las prácticas forenses como en la capacitación de los peritos y policías de investigación, quienes enfrentan una demanda creciente de servicios y multiplicidad de casos por resolver: “La falta de personal capacitado, la escasez de recursos, la descoordinación entre instituciones y la corrupción son algunos de los factores que contribuyen a que los casos queden impunes y las víctimas no reciban la justicia que merecen.” Bajo tales circunstancias, el crimen organizado –principalmente el relacionado con el narcotráfico, la trata de personas, el secuestro y la extorsión– genera un contexto de violencia que obstaculiza el trabajo de los investigadores en zonas de alto riesgo.

En el ámbito tecnológico, la innovación es un factor determinante para el desarrollo de la criminalística y la optimización de las investigaciones. Al respecto, el uso de sistemas de reconocimiento facial, el análisis de Big Data, la georreferenciación delictiva, las tecnologías avanzadas de identificación por ADN, y la adopción de herramientas digitales para la identificación de redes criminales son apenas algunos ejemplos de cómo la tecnología puede revolucionar la búsqueda de evidencia y la identificación de responsables por la comisión de conductas delictivas. El establecimiento de bases de datos nacionales con perfiles genéticos y biométricos, siempre enmarcado en la protección de datos personales y el respeto a los Derechos Humanos, permitiría agilizar los procesos de comparación e individualización de sospechosos, sin embargo, la implementación de tales innovaciones requiere inversión, capacitación especializada y el reforzamiento de los protocolos de ciberseguridad, para prevenir filtraciones o mal uso de la información.

La capacitación del personal investigador es otro pilar fundamental en el futuro de la investigación criminal en México, la formación de peritos y policías debe ser integral, continua y especializada, abarcando tanto los conocimientos teóricos en derecho penal, criminalística, criminología y política criminal, como las habilidades prácticas en el manejo de la evidencia, la preservación de la escena del crimen y la aplicación de las tecnologías modernas.

Otro de los aspectos que incidirá en el futuro de la investigación criminal en México es la necesaria colaboración interinstitucional. Dada la complejidad y el carácter trasnacional del crimen organizado, resulta cada vez más pertinente fomentar la cooperación con instancias internacionales, como la Interpol, la DEA o la Europol, en áreas como la inteligencia financiera, la rastreabilidad de armas y el intercambio de información sobre operaciones ilícitas. A nivel interno, la articulación entre las fiscalías estatales y las federales, así como entre los distintos cuerpos policiales, es importante para evitar duplicidades y lagunas en los procesos de investigación.
En cuanto al marco legal, México se ha visto inmerso en procesos de reforma penal durante los últimos años, con la implementación del Sistema Penal Acusatorio en 2016. Este cambio supuso la adopción de juicios orales, mayor énfasis en la presunción de inocencia y un rol más activo del juez en el control de la legalidad de la prueba. Empero, aunque se han dado pasos relevantes, aún persisten problemas en la correcta aplicación de los principios y técnicas del sistema acusatorio, y las deficiencias en la investigación criminal pueden traducirse en expedientes mal integrados, lo que provoca sobreseimientos o absoluciones por falta de evidencia sólida. De igual forma, la saturación de las agencias del Ministerio Público y la escasez de personal capacitado generan retrasos en la resolución de casos, por ello es de preverse que, hacia el futuro, se logre la solides y consolidación del sistema penal acusatorio y la efectiva adopción de métodos científicos de investigación para reducir la impunidad y dar certidumbre a las víctimas.

En cuanto a la Política Criminal, ésta desempeña un papel esencial para orientar los objetivos y las prioridades del Estado en materia de combate a la delincuencia y el logro de una aceptable procuración de justicia. En México, debe buscarse un equilibrio entre la persecución eficaz de los delitos, la atención a las víctimas y la prevención del crimen, abordando los factores estructurales que favorecen la actividad criminal. Entre estos factores a atender destacan la desigualdad socioeconómica, la falta de oportunidades laborales y educativas, y la exclusión social de ciertos sectores. Por ello, el diseño de políticas criminales más integrales –que incluyan programas de reinserción social, prevención de adicciones, fortalecimiento del tejido comunitario y rehabilitación de espacios públicos– contribuiría a reducir la carga de trabajo para las agencias investigadoras y a disminuir la tasa de criminalidad en el largo plazo. En la política criminal, se vislumbra la necesidad de diseñar estrategias más humanas y basadas en la evidencia, a fin de evitar caer en políticas meramente punitivas que no resuelven de fondo las causas de la delincuencia. Más allá de incrementar las penas, México requiere un rediseño de su sistema penitenciario y la adopción de programas de reinserción que minimicen la reincidencia.

En concordancia con lo anterior, la adopción de herramientas de inteligencia artificial y análisis predictivo cobra suma relevancia en el panorama futuro de la investigación criminal. A través de algoritmos capaces de rastrear patrones delictivos o de procesar volúmenes masivos de datos, las agencias de seguridad pueden anticiparse a la comisión de delitos o focalizar esfuerzos en zonas específicas. No obstante, se requiere un marco ético y normativo claro para regular el alcance de estas tecnologías, de manera que se eviten violaciones a la privacidad o discriminaciones basadas en criterios sesgados. La adopción responsable de la inteligencia artificial se vislumbra como un paso hacia la modernización de la criminalística y la eficiencia investigativa, siempre y cuando vaya acompañada de supervisión y transparencia.

Otro aspecto fundamental para el desarrollo de la criminalística es la coordinación entre la academia y las instituciones investigadoras. Las universidades y centros de investigación pueden ofrecer conocimientos especializados, laboratorios equipados y programas de posgrado en ciencias forenses, criminalística, criminología y políticas públicas, generando sinergias con las agencias de procuración de justicia. Esta colaboración permitiría la actualización constante de metodologías y la validación de técnicas innovadoras, además de propiciar una cultura de investigación científica que respalde la toma de decisiones en política criminal. La producción de investigaciones empíricas y estudios de caso sobre la violencia y la delincuencia en México ayudaría a diseñar soluciones más focalizadas y a largo plazo.
En conclusión, el futuro de la investigación criminal en México se vislumbra complejo pero lleno de oportunidades para la transformación. La incorporación de nuevas tecnologías, la consolidación de un marco jurídico acorde al sistema penal acusatorio, la profesionalización y capacitación constante del personal, y la erradicación de la corrupción son requisitos ineludibles para lograr un mayor grado de eficacia y credibilidad en el combate a la delincuencia. La coordinación interinstitucional y la cooperación internacional se suman como factores clave para enfrentar la naturaleza cada vez más sofisticada y globalizada del crimen organizado.

Fuentes consultadas:
Islas, Alejandra (2024, septiembre 20), “Un sistema fallido: deficiencias en la investigación de delitos cometidos contra menores de edad en México” Notitia Criminis.
Ortega Molina, Gregorio (2024, julio 05), “La Costumbre del Poder: La primera garantía de impunidad a narcos y delincuentes está en la procuración de justicia”. Índice Político, México.
Suprema Corte de Justicia de la Nación (2024, Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas. Consejo de la Judicatura federal, pp. 11 y ss. En: https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/agenda/documento/2024-09/reforma-integral-al-sistema-de-justicia-en-mexico.pdf