1.85 billones de pesos. Ese es el plan de inversión de Pemex para 2025-2030, con 185,559 millones destinados al Sistema Nacional de Refinación y más de 104,000 millones a sistemas de logística. La cifra es titular por sí sola, pero la pregunta que hacen los consejos empresariales es otra: ¿cómo participa la iniciativa privada en esa construcción? Oxy Services SAPI de CV, empresa mexicana especializada en soluciones energéticas, tiene una respuesta concreta: con contratos bien estructurados.

Planta industrial iluminada de noche; Oxy Services SAPI de CV explica los esquemas de coinversión con Pemex

El plan necesita aliados

“Un plan de esta escala no se ejecuta con un solo actor”, señaló Raúl Villalobos, vocero de Oxy Services SAPI de CV. “La historia reciente del sector muestra que las metas de infraestructura se cumplen cuando el Estado fija la dirección y la industria aporta ejecución, tecnología y capital. Esa colaboración es la que genera más valor”.

Para los lectores de Revista Edicta, la pregunta jurídica es qué figuras permiten esa colaboración hoy. El menú real incluye contratos de servicios de infraestructura —un privado construye y opera un activo y Pemex paga por disponibilidad—, asociaciones público-privadas en logística y almacenamiento, y esquemas mixtos en el sector eléctrico abiertos por la Ley del Sector Eléctrico de 2025. Cada figura tiene su propio régimen de permisos, garantías y reparto de riesgos.

Qué debe revisar una empresa antes de entrar

La experiencia de la compañía apunta a tres revisiones previas. Primera, la solidez de la contraparte: fuentes de pago del contrato, garantías soberanas o corporativas y mecanismos de compensación ante terminación anticipada. Segunda, la certeza regulatoria: permisos de la CRE y de la ASEA alineados con el calendario del proyecto, no después. Tercera, la arquitectura de riesgos: quién absorbe sobrecostos, demoras y cambios de norma.

“El capital privado no le teme al riesgo de construcción; le teme al riesgo de incertidumbre”, explicó Villalobos. “Cuando las reglas están claras, los proyectos se financian solos. La prioridad de la industria debe ser ayudar a que esas reglas existan y se respeten”.

Una década de construcción

El contexto favorece la coinversión: el país busca reducir importaciones de combustibles —las de gasolina bajaron de 422,000 barriles diarios en 2022 a 337,600 en 2025, según HR Ratings— y eso exige logística nueva, como detalla el análisis sobre la nueva geometría de los combustibles. Los 104,000 millones del plan para logística son, en la práctica, una invitación a proyectos de terminales, ductos y almacenamiento con participación privada.

“México va a construir infraestructura energética durante una década, con Pemex o alrededor de Pemex”, concluyó el vocero. “Las empresas que lleguen con contratos serios y permisos en regla van a encontrar un socio, no un competidor”. En esta nota relacionada se detalla el mapa logístico que ese plan está redibujando.


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